Busca diputada que en Oaxaca se reconozca la identidad trans desde los 12 años de edad

San Raymundo Jalpan Oax. Fue promovida ante el Congreso local una reforma al Código Civil para el Estado de Oaxaca, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género a personas trans a partir de los 12 años de edad. 

La iniciativa fue promovida por la diputada, Magaly López Domínguez, contempla la reforma a los artículos 137, 137 Ter y 137 Quáter de la legislación antes mencionada. De esta manera, las personas que se asuman como transexuales no deberán esperar hasta los 18 años para dar trámite legal a su reconocimiento de género, les será posible a partir de los 12 años. 

La congresista propone que el reconocimiento de la identidad de género de las personas menores de edad sea posible con la autorización de su padre, madre o de la persona que posea su guarda y custodia. En el caso de existir negativa por parte de estas personas, el o la adolescente podría acudir a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca a exigir el cumplimiento de este derecho. 

Dicha dependencia deberá prestarle asistencia legal para recurrir a la vía jurisdiccional y, en consecuencia, sean los y las juezas quienes teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior de la niñez, resuelvan sobre dicha negativa o falta de consentimiento. 

Tratándose de personas menores de edad, la Dirección General del Registro Civil deberá contar con personal especializado en trabajo e intervención con adolescentes, género y diversidad sexual en la adolescencia.

Esta propuesta de reforma a la ley se da en apego a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha sostenido jurídicamente que el derecho a ser escuchado de los niños y niñas constituye, no sólo un derecho en sí mismo, sino que debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos.

Señala que permitir a los y las adolescentes reconocer su identidad de género, garantizaría el derecho humano de igualdad ante la ley, en su vertiente de prohibición de discriminación que tutela el Artículo primero Constitucional.

La propuesta legislativa fue recibida por la Diputación Permanente y se turnó a la comisión correspondiente para su dictamen.