Oaxaca de Juárez, Oax. a 08 de diciembre de 2025.- Ciudadanos de Santiago del Río, Oaxaca, entregaron esta mañana un escrito al gobernador del estado para solicitar garantías de seguridad y transparencia en las elecciones municipales programadas para el 14 de diciembre a las 11:00 horas.
En el documento, los habitantes expresan su preocupación por presuntas irregularidades ocurridas durante la asamblea del 23 de noviembre, donde —según su denuncia— la presidenta municipal, Lourdes González López, condicionó el inicio del evento a la salida de ciertos asistentes, incluidos pobladores de San Pedro del Río y personas no alineadas con su administración. Los firmantes consideran que estas acciones vulneran sus derechos electorales, como el de votar y ser votados, y advierten sobre posibles intenciones de reelección o sucesión familiar hacia su hermana Karina González López, quien ocupa un cargo federal, lo cual —afirman— contraviene las normativas del IEPCO.
Los denunciantes, entre ellos Beatriz Navarrete e Ignacio Molina, también reportan prácticas de discriminación, como el uso de listas de asistencia separadas para «nativos» y «foráneos». Además, describen episodios de tensión, entre ellos un presunto forcejeo atribuido a una regidora suplente identificada como Cecilia y la negación de acceso por parte de la secretaria municipal Verónica. La lectura de un dictamen del IEPCO que impide la reelección o sustitución por familiares derivó en la postergación de la asamblea.
En materia administrativa, los ciudadanos piden auditorías a obras que, aseguran, fueron reportadas como concluidas pero no existen físicamente, como revestimientos de caminos por más de 820 mil pesos en la ruta a San Francisco Igos y otros trabajos viales por casi 300 mil pesos, además de una biblioteca inconclusa. Afirman que buscan un cambio total y rechazan la concentración del poder en una sola familia.
El escrito también solicita la presencia de personal del IEPCO y fuerzas de seguridad el día de la votación para garantizar el orden, debido a antecedentes de intimidación, incluidos —según los pobladores— individuos con historial delictivo. Señalan además amenazas de muerte contra posibles candidatos como Ignacio Molina, bloqueos de acceso a la comunidad y presunta manipulación de programas federales, como la retención de apoyos a adultos mayores no afines.
Finalmente, los habitantes sostienen que su demanda es por justicia y desarrollo equitativo, sin distinciones partidistas, y piden atención urgente para evitar un proceso electoral viciado que profundice el abandono en su municipio.
