Comisión de la Verdad y mejor utilización de los recursos, piden damnificados del 19S

Un grupo de organizaciones y activistas sociales propusieron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) la creación de un memorial “donde se informe la verdad que investigaciones ciudadanas y experiencias vecinales arrojan” sobre la situación de los damnificados tras el sismo del 19 de septiembre, además de la instauración de una Comisión de la Verdad 19S que “garantice un debido proceso y respete los derechos humanos de las personas afectadas”.
Esta propuesta se da luego de que el pasado 28 de abril la Seduvi lanzara una convocatoria para convertir el espacio que antes ocupaba el inmueble de Álvaro Obregón 286 en un “memorial” para honrar a las víctimas del sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro y sur del país el pasado 19 de septiembre. Para este proyecto, el gobierno de Ciudad de México destinará un presupuesto de 60 millones de pesos.
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Las organizaciones consideran que tal cantidad de dinero no puede invertirse en un proyecto como el memorial propuesto por la SEDUVI, “cuando todavía no hay una reparación digna e integral” para las personas damnificadas.
“No queremos un monumento que dé carpetazo al #19s, queremos #NuestroMemorial19S que abra la verdad, apoye la reconstrucción segura y dé atención a los afectados, recuerde dignamente y que nos ayude a prevenir otra emergencia”, plantean las organizaciones.
Por esta razón proponen un memorial distinto al planteado por la SEDUVI, con el acompañamiento de las personas afectadas para escuchar sus experiencias y necesidades, y con base en ellas crear estrategias que les ayuden a superar la situación que atraviesan.
También proponen la instauración de una #ComisiónDeLaVerdad19S conformada por “personas afectadas por el sismo, expertos en las ciencias y disciplinas que intervienen en la planeación de la Ciudad y las autoridades correspondientes. Así como organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación interesados para comenzar un proceso de memoria, verdad y justicia”.
 

No a Monumento que “dé carpetazo” al #19s
Queremos que se abra la verdad, apoye la Reconstrucción y trabajemos activamente para que no repetir esta tragedia
Exigimos #ComisiondelaVerdad, iniciando con Jornada de Quejas en @CDHDF el próximo lunes 30 de 8-11am y 5-8pm pic.twitter.com/G7805RuRGX
— Mónica Tapia A. (@monicatapiaa) 26 de abril de 2018

Irregularidades y falta de acceso a derechos durante la reconstrucción
Para ello las organizaciones anunciaron una jornada de presentación de quejas, que serán interpuestas por las personas damnificadas ante la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF); así como la entrega del “Informe sobre violaciones a los derechos humanos de personas afectadas a siete meses del sismo del 19 de septiembre: hacia una Comisión de la Verdad”, elaborado por la organización CIUDADanía19s.
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Dicho informe -realizado con la ayuda de damnificados, líderes y grupos vecinales, documentación de casos, entrevistas con funcionarios y el seguimiento de notas periodísticas- tiene el objetivo de evidenciar los hechos que durante siete meses “han dado pie a violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas en la Ciudad de México”, así como ayudar a crear estrategias de atención y una política pública de reconstrucción que incluya la participación ciudadana.
Entre las principales violaciones a los derechos humanos de los damnificados, las organizaciones destacan las siguientes:
Violaciones al debido proceso, acceso a la justicia y certeza jurídica en relación a la atención de personas afectadas y dictámenes de edificios;
Falta de mecanismos adecuados para la aplicación de la ley;
Acceso desigual a la asistencia, servicios básicos, y discriminación en la prestación de asistencia;
Pérdida de documentación y dificultades para reemplazarla, especialmente debido a la falta de mecanismos adecuados para su obtención;
Acceso restringido a un sistema judicial imparcial y eficiente;
Falta de mecanismos eficaces para la retroalimentación y presentación de reclamos;
Violaciones al derecho a saber, en relación con acceso a la información, transparencia y participación;
Afectaciones al goce y ejercicio del derecho a la educación;
Violaciones a la protección, respeto y garantía del derecho a una vivienda digna;
Afectaciones al derecho a la ciudad en relación a la vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Regreso o reasentamiento peligroso de personas desplazadas por el desastre; falta de restitución de la propiedad y acceso a la tierra.
El Estado, como principal responsable de proteger los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción, no puede olvidarse de su obligación de proteger los derechos constitucionales de las personas afectadas por los temblores, puesto que estas no los han perdido, resalta el informe. También hace énfasis en la necesidad de centrar el enfoque de la reconstrucción en las personas y no en los inmuebles, toda vez que el fracaso de las medidas dirigidas a la población derivan inevitablemente en el aumento de los “riesgos, y refuerzan la discriminación y la exclusión”.
Las organizaciones autoras del informe exigen a las autoridades que las personas damnificadas tras el sismo cuenten y tengan acceso a los siguientes derechos:
Tener acceso fácil de información, en un idioma que entiendan sobre la naturaleza y nivel del desastre, las medidas de mitigación del riesgo y vulnerabilidad, la asistencia humanitaria y esfuerzos de recuperación disponibles, sus derechos de acuerdo con el derecho internacional y nacional.
Ser consultadas e informadas sobre la planificación y ejecución de las distintas acciones de respuesta ante el desastre.
Reclamar y ejercer sus derechos, incluyendo el acceso al sistema judicial.
Los derechos humanos de las personas afectadas y el impacto de las actividades humanitarias sobre ellos deberán ser regularmente vigilados.
El problema central, de acuerdo con este informe, es que durante el proceso de reconstrucción ha imperado una falta de claridad en la atención para las personas damnificadas, además de que no hay un camino institucional que señale a qué autoridad recurrir para comenzar un proceso de atención, ni los pasos a seguir y requisitos para acceder a los programas y recursos financieros que, de acuerdo al Programa y el Presupuesto, están disponibles.
“A lo anterior se suma la falta de institucionalización y publicidad de las reuniones que las autoridades tienen con los vecinos afectados, las cuales carecen de información oficial, seriedad, falta de minutas, respeto y seguimiento de acuerdos, situación que se ha exacerbado con el constate cambio de los funcionarios titulares de las instituciones encargadas de la reconstrucción”, como la Comisión para la Reconstrucción, SEDUVI, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y el INVI.
Respecto a los casos específicos que llaman la atención por la falta de una debida investigación y sanción a las personas responsables, destacan:
El edificio de Zapata 56 en la colonia Portales que colapsó a menos de un año de habitado.
El caso de Nuevo León 238 en la colonia Hipódromo Condesa, donde se construyó ilegalmente un helipuerto que durante el sismo provocó graves afectaciones a los edificios colindantes por la sobrecarga de peso causada por dicho helipuerto.
El inmueble de Álvaro Obregón 286, donde falleció un número considerable de personas porque el edificio colapsó por las malas condiciones en las que se encontraba.
El caso de Bolívar 186, la fábrica de trabajadoras textiles de Chimalpopoca que en un contexto de irregularidades fallecieron personas por el mal estado estructural que tenía el inmueble desde el sismo de 1985.
Finalmente, en relación a la falta de acceso a la información y transparencia desde el momento inmediato de la emergencia a la fecha, el informe destaca que:
No existe información pública sobre los efectos negativos del sismo y existen declaraciones contradictorias de autoridades sobre estos daños.
No existe un censo público del total de personas afectadas.
No existe un censo público de edificios dañados por el sismo, excepto lo registrado en la plataforma, donde hay una frecuente manipulación de la información.
No existe un censo público de edificios de gobierno ni escuelas afectadas por el sismo.
No se tiene acceso a un Atlas de Riesgos actualizado y microzonificado que permita determinar parámetros de construcción para una reconstrucción segura.
Contrario a lo que establece la Ley de Reconstrucción, las sesiones de la Comisión para la Reconstrucción no son públicas ni las minutas de las reuniones están disponibles.
No son públicos los estándares que se utilizaron para realizar los estudios socioeconómicos que la Ley de Reconstrucción establece como necesarios para determinar el acceso a ciertos programas de gobierno.
Existe información poco accesible sobre los perfiles de las personas capacitadas para realizar dictámenes estructurales (formación, experiencia, etc.). Esto propicia corrupción y acciones irresponsables al emitir los dictámenes.
No hay una lista pública de constructoras o desarrolladoras acreditadas para realizar la reparación, rehabilitación y reconstrucción de edificios.
Existe poca transparencia sobre los recursos disponibles para la reconstrucción y el destino de los mismos. No hay información del total de presupuesto público y de donaciones internacionales disponibles para la reconstrucción, ni existen reportes públicos que expliquen cuánto de ese dinero ha sido ejercido y en qué rubros.
Estos hallazgos retrasan los procesos de demolición, rehabilitación o reconstrucción de edificios, pero principalmente pone en riesgo la integridad personal y la vida de las personas damnificadas, argumentan.
Por tal motivo se plantea la creación de una Comisión de la Verdad, además de utilizar los recursos destinados para el memorial en beneficio real de los damnificados, y solicitan a las autoridades que garanticen una atención digna e integral.
“Todavía no hay reconstrucción #19s y nuestros gobiernos deben atender las responsabilidades que les competen y no preocuparse por los periodos y campañas electorales”, finaliza el informe.
 
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.