Oaxaca de Juárez, Oax. a 10 junio 2025.- Organizaciones de la sociedad civil y activistas denunciaron una serie de despojos de tierras en comunidades indígenas de la Costa y el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde también se ha registrado la criminalización y asesinato de defensores del territorio.
Durante el “Foro por la defensa del territorio y derechos agrarios de comunidades y campesinos de la costa oaxaqueña”, los participantes señalaron el avance de proyectos de privatización de playas, desarrollos inmobiliarios y la actuación impune del llamado Cártel del Despojo, presuntamente integrado por intereses empresariales, políticos y criminales, en complicidad con autoridades municipales, estatales, federales y agrarias.
Uno de los casos expuestos fue el de Miguel Sánchez Hernández, campesino indígena de Salchi, Cuatunalco, en el municipio de San Pedro Pochutla, quien ha sido víctima de intento de despojo con amenazas de muerte, intimidación armada e irrupciones en su vivienda. Señalaron como responsables a Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Jesús “Chucho” Reyes y Alfonso Esparza, exmilitantes del PRI, ahora vinculados al PVEM y a figuras del actual gobierno.
De acuerdo con los denunciantes, estos actos buscan expulsar a Sánchez Hernández para desarrollar un proyecto turístico en la playa, disfrazado de “inversión” y “desarrollo”. Sin embargo, recalcaron que estas iniciativas responden a un modelo que mercantiliza territorios sagrados, destruye ecosistemas y desplaza comunidades en nombre del turismo de élite.
También exigieron justicia por el asesinato de Abraham Hernández González, compañero de lucha de Sánchez Hernández, asesinado hace siete años sin avances en las investigaciones.
Otros casos denunciados incluyen la persecución judicial contra Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortensia Chávez y Noé López Rojas, defensores de las playas San Agustín y El Coyote, acusados falsamente por Israel Carreño Morales, empresario inmobiliario, en presunta complicidad con autoridades judiciales y fiscales de la región.
Además, alertaron sobre la persecución legal de 21 integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, criminalizados por oponerse al despojo que atribuyen a Alfredo Manuel Mena Alonso, Rigoberto Cruz Cartas y Joel Ricárdez López, quienes operan mediante una organización paralela llamada UNECAI, utilizando de manera fraudulenta sellos y nombres de autoridades agrarias.
Las organizaciones exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dar seguimiento a las denuncias, cesar la persecución de defensores comunitarios y garantizar el respeto a los derechos agrarios y humanos en las comunidades indígenas afectadas.
