Denuncian que la reconstrucción de la CDMX tras el 19S no se enfoca en la ciudadanía

Los 3 mil millones de pesos destinados, por el Gobierno de la CDMX para la reconstrucción de la capital tras el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre, no garantizan el bienestar ni favorecen las condiciones de los miles de damnificados, aseguran organizaciones.

El estudio Ecos del Sismo, realizado por Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), evidencia irregularidades durante la etapa de reconstrucción, que demuestran la poca efectividad de las acciones tomadas por los tres niveles de gobierno para la reparación de los inmuebles dañados.
Hasta noviembre de 2017 el Gobierno de la ciudad reportó un total de 16 mil 452 inmuebles revisados, los cuales dividió en cuatro categorías: inmuebles con daños menores; inmuebles con riesgo incierto (daños en fachadas o bardas expuestas o cercanas a otros inmuebles); inmuebles con daños estructurales (que serán  demolidos si es necesario); e inmuebles recuperados, (aquellos que han sido intervenidos para ser habitables. De éstos, hasta el 31 de enero pasado 14 mil 264, había sido oficialmente evaluados.
La investigación resalta que la entrega de créditos para aquellas personas que perdieron sus hogares, no garantiza la recuperación de su patrimonio, sino más bien se demuestra que “la reconstrucción de la ciudad estará determinada por la capacidad de pago que tengan las y los ciudadanos para reconstruir sus viviendas”.
Esto, consideran, coloca en una situación incierta a las víctimas pues pone a prueba “su capacidad financiera para asumir una deuda”, a pesar de que lo han perdido todo, cuando más bien se debería garantizar “su derecho a la vivienda y a una ciudad amparada en la misma ley”.
La mayor parte de los 3 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción (presupuesto reportado en noviembre de 2017) serían invertidos en créditos hipotecarios, mientras que la parte restante (poco más de 200 millones de pesos) se utilizaron para la demolición y retiro de escombros, gratuidad del servicio Metro, gratuidad del servicio Metrobús, atención a daños menores, gratuidad del servicio en sistema M1, gratuidad del servicio en STE, contratación de ingenieros constructivistas y apoyo para rentas y mejoramiento en vivienda.
También se cuestiona la funcionalidad de la plataforma de reconstrucción creada por el Gobierno de la CDMX, pues no muestra la información suficiente ni detallada sobre las estrategias planeadas.
En dicha plataforma se aclara que “los inmuebles clasificados con riesgo incierto y los inmuebles recuperados son y serán intervenidos por el sector empresarial”. En este proceso participarán solo cuatro inmobiliarias: Grupo Ideal Construcción, S.A. de C.V., Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., Inmobiliaria COPRI, S.A.P.I de C.V. y Concentradora Fibra Danhos, S.A. de C.V.
Esto, según las ONG, permite considerar que la reconstrucción no está enfocada en reparar a la ciudadanía; sino que busca favorecer desarrollos inmobiliarios y garantizar grandes ganancias para el mercado inmobiliario de vivienda y el mercado financiero.
Resaltan que de las inmobiliarias involucradas, Gigante Grupo Inmobiliario es subsidiaria de Grupo Gigante, que tiene como uno de sus principales inversionistas al grupo financiero Inbursa, un “grupo denunciado por estar involucrado en actos de corrupción y violencia asociada a represión social”, explican. Mientras que el Grupo Ideal Construcción, es parte de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, empresa que ofrece servicios de infraestructura cuyo dueño es Carlos Slim. Finalmente, Concentradora Fibra Danhos tiene entre sus beneficiarios  al Grupo Financiero Banamex.
Estas relaciones “sugieren que la reconstrucción de la ciudad será un rentable negocio para la élite económica del país”, argumentan.
Incluso la misma Ley para la Reconstrucción, contempla tres etapas que incluyen estudios de reforzamiento, revisión de leyes para la construcción y la seguridad, lo que demuestra, desde el punto de vista de las organizaciones, que se basa solo en la infraestructura sin tomar en cuenta la seguridad social y los derechos humanos de la población.
La plataforma Reconstrucción Ciudad de México reporta un total de 3 mil 497 edificios de riesgo incierto y recuperados en los cuales se está trabajando, sin dar mayores detalles de las obras de reconstrucción en ellos.
Por otro lado, el documento asegura que el sitio no incluye número de personas, fallecidas, heridas o aquellas que se quedaron sin vivienda.
“Asimismo no se explica en qué consisten y consistirán las acciones para atender la vulnerabilidad social de los damnificados del sismo más allá de los créditos para vivienda y subsidios temporales para rentas”.
Víctimas, cifras inciertas y violaciones a sus derechos
El estudio también realizó un análisis de la violación de derechos humanos y laborales de las víctimas; así como la cifra total de fallecidos a nivel delegacional.
La demarcación con más inmuebles afectados fue Iztapalapa con un total de 4 mil 179, seguida de Cuauhtémoc, con 3 mil 310 y Benito Juárez con 2 mil 137.
En cuanto a la cifra de fallecidos Cuauhtémoc está en primer lugar con 93, en segundo Benito Juárez con 51 e Iztapalapa con 4.
Aunado a las irregularidades de la reconstrucción, la investigación reveló diversas violaciones a los derechos laborales que pudieron haber evitado numerosas muertes en los inmuebles colapsados.
A continuación algunos ejemplos:
Delegación Cuauhtémoc
En el inmueble ubicado en la calle Puebla 282, en colonia Roma Norte, se ubicaba el centro laboral del Grupo Cencon donde había seis razones sociales. Sus actividades se enfocaban en dar consultorías para la industria de alimentos hasta análisis de laboratorio especializado microbiológico.
El inmueble colapsó provocando la muerte de 14 personas. Las familias de las víctimas manifestaron a las ONG que en el proceso de rescate no hubo información oportuna ni adecuada.
En el centro laboral de Álvaro Obregón 286, colonia Roma Norte, cuya razón social fue identificada como Corpocred, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto múltiple, murieron 49 personas.
En dicha construcción se encontraron vulneraciones a los derechos humanos laborales derivadas de condiciones inestables en el empleo.
De acuerdo con el testimonio de algunos sobrevivientes, muchas de las personas que quedaron atrapadas en los escombros no trabajaban ahí de manera regular, sino que rentaban algunas salas para reuniones o actividades de oficina esporádicas.
Delegación Benito Juárez
En el edificio Residencial San José, ubicado en la calle Emiliano Zapata 56, el personal de vigilancia seguía trabajando en el bloque que no se derrumbó ocho días después del sismo a pesar de presentar un alto riesgo. Esto representa una violación al derecho a un trabajo digno, decente y en condiciones satisfactorias de higiene y seguridad.
El edificio habitacional Saratoga 714, colonia Portales Sur, también colapsó ocasionando la muerte de Candelaria Tovilla, trabajadora del hogar.
La muerte de Candelaria, según el estudio, estuvo asociada a la negligencia por parte de una funcionaria capitalina, ya que presuntamente pudo haber sido rescatada con vida si se hubiera permitido a los rescatistas actuar a tiempo, además. Además, –según testimonios de vecinos y familiares– “no solo se obstaculizó su rescate, sino que se priorizó el de otras personas, siendo éste un acto de discriminación”.
Delegación Iztapalapa
De acuerdo con el Coneval, Iztapalapa es una de las delegaciones con mayor porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema, con 37% y 3.2% respectivamente. Esta precariedad “se traducen en mayor vulnerabilidad de la población frente a los sismos, lo que podría explicar la mayor cantidad de inmuebles afectados”.
En esta demarcación no se registraron casos de violaciones a los derechos laborales de las víctimas.
Piden cambio de estrategia, enfocado en los derechos humanos
Tras el hallazgo de estos datos, las tres organizaciones encargadas del estudio Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), responsabilizan a las autoridades de todos los niveles de gobierno de no generar una reconstrucción con enfoque de derechos humanos.
Solicitan que se tenga la capacidad de exigir a las empresas y al sector inmobiliario y de construcción el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“La respuesta frente al sismo no debería partir de una estrategia financiera (como los créditos hipotecarios) sino de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía colocando en el centro de la reconstrucción la solución a los problemas estructurales de la ciudad, trabajo digno, seguridad social, educación y equidad” sostienen.
Finalizan acotando que dichas irregularidades no demuestran la vulnerabilidad de la población sino la debilidad del aparato estatal y la poca capacidad de atender este tipo de emergencias.