Documenta Comité de la ONU indefensión de grupos vulnerables ante gobierno mexicano y empresas

“Seguirán siendo así, indefensos”, dice Leydy Pech, del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, que le dijo un magistrado ante las quejas interpuestas por el incumplimiento de la sentencia de amparo que ganaron pobladores de Campeche y Yucatán para suspender la siembra de soya transgénica en su territorio, en tanto no se efectúe una consulta libre e informada en la que puedan pronunciarse al respecto.
La sentencia la obtuvieron en 2015, pero la consulta está estancada. “Las seis sesiones que tuvimos atropellaron nuestros derechos, las autoridades solo favorecían a las empresas que están desarrollando el proyecto. Eso es muy preocupante, porque según nosotros, la sentencia nos iba a ayudar en nuestro derecho a la libre determinación, pero cuando quisimos ejercer ese derecho, nos lo desconocieron por completo”, afirma Pech, quien es parte de los avicultores afectados por la siembra de soya transgénica en Campeche.
A petición de las comunidades afectadas, la Misión de Observación de la Consulta Maya (conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil) emitió un reporte donde destacó que la consulta no tuvo una pertinencia cultural, al carecer de traducción e interpretación de las sesiones; tampoco contó con información clara ni con procedimientos adecuados pues las convocatorias para las sesiones se hicieron con pocas horas de anticipación, por ejemplo. Además, representantes de las comunidades mayas denunciaron hostigamientos y una estrategia para dividir, desgastar y desarticular su proceso organizativo.
“La semana pasada, yo y otros compañeros estuvimos en el Tribunal Colegiado en Campeche por dos quejas que interpusimos contra la no ejecución de la sentencia y el magistrado me dijo ‘no podemos hacer nada, seguirán siendo así, indefensos’”. Esta última frase que Leydy Pech remarca en el Foro para la Evaluación de las Observaciones Finales sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México, por parte de la ONU, engloba las preocupaciones del organismo.
Después de casi 12 años de no comparecer ante el Comité de DESC, el Estado mexicano presentó dos informes sobre la situación de esas garantías en el país. A la par, más de 150 organizaciones de la sociedad civil emitieron uno alterno, en el que señalan los incumplimientos a diversos derechos.
Luego de hacer un balance entre los informes y de tener un diálogo con la delegación mexicana, el 12 y 13 de marzo pasado, en Ginebra Suiza, el Comité DESC de la ONU hizo públicas sus observaciones finales, de las que hicieron un recuento y análisis el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESCA, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHND) y el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
“El poder económico y político reacciona a la crítica silenciándola, eso es muy claro desde la perspectiva indígena, con proyectos que benefician a los muy ricos y victimizan a los pobres”, afirmó, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El poder económico y político, agregó, conjunta esfuerzos, en los tres niveles de autoridades, para garantizar que las sentencias (como las de la soya transgénica) no se cumplan.
Tanto el informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil como las observaciones finales de la ONU en cuanto a los DESC en México destacan otras problemáticas ligadas como un proteccionismo del Estado hacia las empresas. Entre ellas la criminalización a defensores del medio ambiente y de la tierra y el territorio, la falta de acceso a la justicia para quien la reclama y la impunidad y falta de debida diligencia de las empresas para evaluar si sus acciones vulneran o no derechos humanos.
Stephanie E. Brewer, del Centro Prodh, remarcó cuatro temas transversales que tocan las recomendaciones de la ONU en cuanto a DESC para México. El primero, la justicia en estos derechos, “el Comité señaló, en términos, muy claros, su preocupación por la falta de acceso y cumplimiento de juicios de amparo y recursos judiciales efectivos para las víctimas”.
El segundo tema es la situación de defensores de derechos DESC. “Los ataques a ellos en México son alarmantes, Cemda (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) documentó que de julio de 2016 a diciembre de 2017 hubo 88 casos de ataques contra personas defensoras de derechos ambientales, incluyendo el homicidio de 29 personas”.
Es por eso que el Comité le recomienda al Estado mexicano que adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir estos actos de violencia, que se investigue de manera exhaustiva, imparcial y eficaz todas las denuncias de atentados contra la vida, integridad física y libertad, así como todo acto de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso y difamación cometidos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Las empresas y los DESC es el tercer tema que, de acuerdo al Centro Prodh, toca de forma transversal los señalamientos y recomendaciones de la ONU. Al Comité le preocupa el carácter no obligatorio de los principios de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas, en el sentido de evaluar si sus actividades podrían conllevar alguna afectación a la población y prevenir ese impacto en todas las fases de su trabajo.
Ante esto le recomienda a México acelerar sus esfuerzos para la pronta adopción del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, garantizando que tanto en el proceso de elaboración como de aplicación se cuente con la debida participación de todos los actores interesados.
Por supuesto, entre los temas centrales de preocupación están los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, la recomendación para México es garantizar que las comunidades sean consultadas antes de otorgar licencias para actividades económicas en sus territorios.
Otros aspectos que destacan en las observaciones de la ONU son la corrupción, la discriminación que continúan enfrentando determinados grupos, y que no existan políticas apropiadas para combatir la múltiple discriminación que enfrentan, por ejemplo, las mujeres indígenas con discapacidad.
La evaluación también señala la necesidad de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres; el derecho al trabajo, con una preocupación especial en cuanto a la alta proporción de trabajadores en la economía informal; que el salario mínimo sea suficiente para proporcionar condiciones de vida dignas a los trabajadores y sus familias.
Los derechos sindicales, la seguridad social, la violencia contra la mujer, los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, la protección y apoyo a los familiares de personas desaparecidas, la atención a la pobreza y la desigualdad, el derecho a la alimentación y a una vivienda adecuada; los desalojos forzosos y los desplazados internos; así como el derecho al agua, al saneamiento, a la salud y a la educación y el respeto a la diversidad cultural y a la salud sexual y reproductiva son los otros temas en los que el Comité pide a México mejorar su actuación.
 
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.