Durante Gobierno de Jara aumenta casos de violencia política contra las mujeres en Oaxaca

La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, presentó esta mañana el informe especial “Violencia contra las mujeres en el ejercicio público”.

Entre las conclusiones del informe se señala que las mujeres que participan en procesos para ocupar cargos de representación popular, así como las que ejercen la función pública en el estado de Oaxaca, continúan siendo violentadas en forma grave durante los momentos de selección, así como en el ejercicio del cargo.

“Así se detectó que se ejerce en su contra violencia física, sexual, patrimonial, y económica, entre otras”.

De igual manera, menciona que se detectó que la violencia sexual por parte de los hombres es un patrón de conducta, se realiza en forma reiterada, tiene que ver con ideas de dominación y control hacia la mujer y “trae consecuencias físicas y psicoemocionales graves en la persona que la sufre; trasciende hacia la comunidad y la familia, al grado de provocar rupturas familiares, denostaciones públicas y daño psicosocial”.

Además, asegura que se evidenció que la violencia en el ámbito político con rostro etario; es decir, que es predominantemente contra las mujeres adultas y jóvenes que deciden participar en la vida política.

En los últimos tres años, precisa, si bien se ha incrementado la participación política de las mujeres jóvenes, también ha ido en aumento los diferentes tipos de violencia como la violencia sexual, digital, cibernética, acoso sexual, entre otras.

Mientras que las mujeres indígenas enfrentan una múltiple discriminación, debido a su género, identidad cultural, a la marginación socioeconómica, falta de acceso a la educación formal, orientación sexual y otras condiciones de vulnerabilidad.

“En el presente informe se evidenciaron las graves violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad, a una vida libre de violencia en razón de género contra las mujeres; contraviniendo resoluciones y tratados internacionales, así como la legislación local protectora de sus derechos humanos y a una vida libre de violencia en el ámbito político y electoral”.

El informe de la DDHPO también advierte que hay una falta de cumplimiento de algunas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Estado de Oaxaca, y que esto impacta en el acceso a la justicia de las mujeres que se atreven a denunciar los hechos de violencia en su contra, y “evidencía la necesidad de eficientar los mecanismos y recursos para su ejecución”.

En relación a las medidas cautelares emitidas por la DDHPO, encontró “cierta displicencia” por parte de algunas instituciones o municipios para su aceptación o en la materialización de las que sí se aceptaban; en algunos casos, la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, argumentaba que: “no acepta la medida cautelar, porque otra institución ya se lo había ordenado y no podía dar cumplimiento a lo solicitado por la Defensoría”.

En otras solicitudes, agrega, negaron la protección a la víctima, refiriendo que “la seguridad pública también la podía proporcionar el Municipio, pues para eso el Estado destina un presupuesto que se le otorga a los municipios”, lo anterior, aun cuando la autoridad señalada como violentadora estaba adscrita al Ayuntamiento.