EXIGEN INSTALACIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO ATITLÁN, TRAS CINCO AÑOS SIN AUTORIDAD ELECTA

Oaxaca de Juárez, Oax. a 13 de mayo de 2025.– Representantes de comunidades y núcleos rurales de este municipio exigieron al gobernador Salomón Jara Cruz y al Congreso del Estado la instalación inmediata de un Consejo Municipal con habitantes de la localidad, luego de cinco años sin presidente municipal ni autoridad electa.

La demanda se sustenta en una sentencia firme del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, ratificada en 2021 por la Sala Regional Xalapa y la Sala Superior del TEPJF, que ordena garantizar el derecho al voto y conformar un consejo municipal. Sin embargo, el Gobierno estatal y el Congreso local no han cumplido con este mandato.

En una conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, agentes municipales, el presidente comunitario y representantes de los 12 núcleos rurales —quienes representan al 95 % de la población— denunciaron que la Secretaría General de Gobierno retrasa el proceso con evasivas, a pesar de que las comunidades ya consensuaron una propuesta de Consejo Municipal en una Asamblea Comunitaria, conforme a sus normas internas como pueblo mixe.

Los representantes señalaron que el comisionado municipal impuesto por el gobernador se mantiene en funciones de manera ilegal desde hace cuatro años, pese a que la Constitución de Oaxaca limita su periodo a 60 días.

Asimismo, acusaron al Director de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de bloquear la demanda, y señalaron intereses políticos y corrupción, incluyendo la retención de más de 4.5 millones de pesos del fondo cuatro, además de que el presupuesto municipal de 25 millones de pesos estaría alimentando dichos intereses.

Durante una reunión celebrada el 25 de abril con la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, se acordó enviar la documentación al Congreso el 9 de mayo, pero el trámite sigue detenido, según confirmó el área jurídica de la Secretaría de Gobierno.

La presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso, encabezada por el diputado Benjamín Viveros, se comprometió a agilizar el tema en una sesión extraordinaria, aunque las comunidades denunciaron complicidades políticas que obstaculizan el proceso.

Finalmente, los representantes mixes exigieron a las autoridades cesar los obstáculos y respetar su libre determinación, respaldada por los artículos 40 y 66 de la Ley Orgánica Municipal. Advirtieron que la prolongación del comisionado constituye un acto de discriminación y violación a sus derechos político-electorales, por lo que solicitaron al Tribunal Electoral estatal intervenir para garantizar el cumplimiento de la sentencia.