Exigen libertad de presos políticos en Oaxaca

julio 28, 2018
Fuente
Estado

Colectivos exigen la liberación de Miguel Peralta Betanzos y seis presos políticos más.
Huautla de Jiménez, Oax. El colectivo “Los otros abogados” entregaron al juzgado mixto de primera instancia, con sede en Huautla de Jiménez, Oaxaca, las conclusiones de inculpabilidad mediante las cuales se demuestran “las múltiples irregularidades” documentadas en el proceso acusatorio contra Miguel Peralta Betanzos, recluido en el penal de Cuicatlán, informaron familiares del acusado y de otros seis de sus compañeros también en prisión.
El conflicto que mantiene encarcelado a Peralta Betanzos -según explicaron sus familiares, quienes demandan su liberación-, ocurrió el 14 de diciembre de 2014 cuando integrantes de la Asamblea Comunitaria de San Antonio Eloxochitlán, de la que él forma parte, acompañaron a la presidencia municipal al alcalde Alfredo Bolaños Pacheco, elegido por usos y costumbres, a que retornara a sus funciones.
El inmueble, sin embargo, se encontraba tomado desde un mes antes por simpatizantes del supuesto cacique Manuel Zepeda Cortés y presuntos sicarios contratados por él, que se hacían pasar por policías. Estos habían desconocido al alcalde Bolaños Pacheco y le solicitaban “aclarar” cuentas de su gestión.
De acuerdo al relato de Peralta Betanzos ante las autoridades ministeriales, los integrantes de la Asamblea Comunitaria fueron recibidos con disparos, por lo que tuvieron que defenderse.
Allí comenzó una trifulca que se extendió a toda la cabecera municipal, lo que dejó un saldo de dos muertos, siete heridos de bala y al menos cuatro vehículos incendiados.
Durante los enfrentamientos, los comunitarios detuvieron a Manuel Zepeda Lagunas. Hijo de Manuel Zepeda, “quien fue entregado con vida a policías estatales (destacamentados en Huautla de Jiménez) y horas después murió en condiciones inciertas”.
Peralta Betanzos fue detenido el 30 de abril de 2015 en Ciudad de México. Los delitos que se le imputan son homicidio calificado en agravio de Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de la señora Elisa Zepeda Lagunas.
En otros momentos también fueron aprehendidos sus compañeros el alcalde Bolaños Pacheco, Herminio Monfil Avendaño (suplente del síndico), Jaime Betanzos Fuentes (profesor jubilado de la sección 22), Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez e Isaías Fallardo Álvarez, algunos presos en Cuicatlán y otros en el penal estatal de Santa María Ixcotel, municipio conurbado a la capital del estado.
En cuanto al proceso penal que se le sigue a Peralta Betanzos, éste ha estado lleno de irregularidades, dicen sus familiares en un boletín y mencionan que dos de los ocho testigos de la familia Zepeda Cortés no se presentaron a los interrogatorios, a pesar de ser citados en distintos momentos a lo largo de más de dos años.
El 14 de diciembre de 2017, al haber concluido el desahogo de pruebas, se solicitó el cierre de instrucción. De acuerdo al Código de Procedimientos Penales de Oaxaca, esta etapa, previa a la sentencia, no debía tardar más de una semana, pero al secretario de acuerdos, Jesús Reynaldo Canseco, le llevó más de seis meses para acordarlo.
Por estas razones, y “por no existir cargos directos por los que se les acusa y tampoco pruebas de mayor peso en su contra”, los familiares demandaron la libertad de los siete porque “no hay una razón jurídica que lo sostenga”.
Acusaron al secretario Reynaldo Canseco: al presidente del juzgado, Juan León Montiel, y el agente del Ministerio Público, Porfirio Bernardino Sánchez, de estar al servicio de la familia Zepeda, entre ellos Elisa Zepeda Lagunas, ex alcaldesa y diputada local electa el pasado 1° de julio como candidata del partido Morena.
El grupo caciquil de los Zepeda, aseguran, controla el ayuntamiento desde hace más de 10 años a través de hijos y familiares que se turnan la presidencia municipal, abusan del erario y, a través de una empresa constructora que poseen, han destruido el río, cerros y caminos del pueblo para extraer materiales de construcción, mismos que venden a la propia alcaldía para las obras públicas.
La Jornada/Leonides Sandoval C.