Oaxaca de Juarez, Oax. a 27 de agosto de 2025.- El Gobierno del Estado de Oaxaca anunció que 677 burócratas cuyos puestos fueron suprimidos mediante el Decreto 24, aprobado en diciembre de 2024, serán reinstalados de manera inmediata. La reincorporación se realizará sin intermediarios, por lo que las personas afectadas deberán acudir directamente a la Secretaría de Administración para formalizar su reubicación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conservando su antigüedad, prestaciones y trayectoria laboral.
El gobernador Salomón Jara Cruz subrayó que esta decisión representa un acto de reconocimiento a la lucha de las y los trabajadores del estado, así como un compromiso de su administración con la defensa de los derechos laborales. El anuncio representa un giro en la política estatal, tras meses de tensiones con el sector burocrático.
Cabe recordar que el Decreto 24 eliminó en total mil 344 plazas administrativas, consideradas irregulares debido al descontrol en las contrataciones durante administraciones pasadas. El argumento del gobierno en su momento fue garantizar una gestión responsable y austera de los recursos públicos. En una primera etapa, a finales de 2024, 667 trabajadores fueron reincorporados tras protestas y negociaciones con sindicatos, mientras el resto quedó sujeto a revisión.
Con esta nueva decisión, el gobierno declara su intención de reinstalar la totalidad de las plazas eliminadas, en lo que ha calificado como un acto de reivindicación de la clase trabajadora. No obstante, el anuncio no ha estado exento de críticas. Algunos afectados han señalado que la decisión no responde a un principio de justicia, sino a la presión social y política derivada del creciente descontento por el manejo del tema.
El proceso de reinstalación será supervisado por el gobierno estatal para evitar cualquier tipo de cobro indebido o manipulación, garantizando un retorno transparente y conforme a la ley. La administración ha hecho un llamado a los trabajadores afectados a presentarse sin intermediarios, asegurando que su restitución laboral se dará de forma directa.
Este episodio refleja un momento complejo en la política laboral del estado, donde la búsqueda de austeridad y control administrativo se enfrenta a la necesidad de respetar los derechos laborales y atender las legítimas demandas de los trabajadores del sector público.
