Hasta ocho años de prisión a quien trafique medicamentos del sector Salud, 50% más si son funcionarios.

El mercado negro de fármacos en México actúa en detrimento de los millones de derechohabientes que buscan continuar con sus tratamientos médicos.

María Macarena Chávez, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso imponer penas de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien venda o distribuya medicamentos propiedad de las instituciones de salud pública, esto para evitar la incidencia en la reventa de insumos sanitarios pertenecientes al Estado.

Este sábado 19 de febrero, la secretaria de la Mesa Directiva Cámara de Diputados señaló que para alcanzar este propósito se debe de reformar la Ley General de Salud (LGS), ya que este delito incide de manera negativa contra todos los derechohabientes a servicios de salud que se violenta de manera directa su acceso a la salud digna y tratamientos adecuados en el momento que padecen una enfermedad.

Está iniciativa plantea adicionar el inciso V al Artículo 464 Ter para establecer sanciones a quien ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos propiedad de las instituciones del sector salud, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

Asimismo, cita que en caso de que funcionarios o empleados de dichas instituciones sean quienes cometan tales ilícitos, la pena se incrementará en un 50 por ciento.

Además, se pretende modificar el Artículo 225 de la LGS con el fin de que en el empaque de los medicamentos se use una presentación distinta entre los destinados al sector público, los cuales deberán presentar las leyendas “prohibida su venta” y “la venta al público de este medicamento constituye un delito en los términos de la Ley General de Salud”.

Créditos: infobae