La presión de ser madres, detonante en asesinatos de mujeres embarazadas para robarles a sus bebés

Damaris Rocío Jiménez tenía 17 años cuando asesinó a una mujer embarazada para extraerle del vientre al bebé y quedarse con él. Era junio de 2014, en Reynosa, Tamaulipas. La adolescente homicida había tenido un aborto nueve meses antes, pero fingió un nuevo embarazo para retener a su novio de acuerdo con la investigación posterior; por eso necesitaba un niño.
La víctima tenía 20 años: Nathaly Cartas León, estudiante de la licenciatura en Nutrición, vivía en unión libre con su pareja, pero tenían problemas económicos. Por eso buscó ayuda a través de Facebook. Publicó un mensaje solicitando trabajo o apoyo para su futuro hijo. Damaris Rocío la contactó, prometió ayudarle y se citaron en un centro comercial.
De ahí, Rocío llevó a Nathaly a la casa que rentaba, desde hacía apenas un mes, en la colonia Santa Fe, de Reynosa, Tamaulipas, donde la asesinó, para después realizarle un corte horizontal en el vientre bajo y extraerle al producto de la gestación. El caso impactó por los hechos y porque la homicida era una adolescente de 17 años.
Pero el feminicido de Nathaly no es algo aislado.
María Salguero, geóloga que registra en un mapa los feminicidios en México, tiene 12 casos contabilizados de 2010 a la fecha, en los que asesinaron a las madres para extraerles a los bebés del vientre o para robarles a los niños ya nacidos. Salguero alerta que esto apenas se volvió visible ante la serie de tres homicidios ocurridos entre marzo y abril de 2018, pero asegura que ha estado sucediendo desde hace años.
Las víctimas, en la mayoría de los 12 casos documentados por María, son menores de 25 años (solo una tenía 29), al menos 10 eran de bajo nivel económico y no tenían acceso a la seguridad social donde atendieran sus partos y cuidaran la salud de sus futuros hijos.
“Estos son casos de mujeres asesinando a mujeres jóvenes, de escasos recursos, a quienes enganchan prometiéndoles ropa para los bebés o apoyos económicos o integrarlas a algún programa de ayuda social. Con ese engaño se las llevan y después las asesinan”, dice Salguero.
Jimena Soria, analista de dirección del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), confirma que el blanco de estos homicidios son mujeres jóvenes con falta de oportunidades. En esto, dice, hay una primera responsabilidad del Estado porque no solo no les está garantizado la vida y la integridad física, sino que tampoco les está garantizando un trabajo digno y servicios de salud adecuados.
El motivo del crimen
Solo en dos casos, de los 12 registrados por Salguero, el móvil pudo ser diferente. En el de Alicia Ramos Blanco, de 17 años, a quien asesinaron en junio de 2010 en Coatzacoalcos, Veracruz, cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) vecinos de la víctima, quienes planearon durante tres meses el homicidio para robar el bebé de la jovencita y venderlo en 500 mil pesos.
Una de las mujeres, Rosa María A. C, de 33 años, enganchó a Alicia haciéndole creer que pertenecía a una asociación dedicada a apoyar a embarazadas de escasos recursos. Con esa mentira, Rosa llevó a Alicia a su casa. Ahí, con ayuda de su esposo, Omar M. A., y de sus vecinos, Mélida M. B. y su hijo Héctor R. M, asesinaron a la adolescente, le abrieron el vientre, sacaron al neonato y enterraron el cadáver en el traspatio de la casa.
Pero después, todo se les complicó. Una llamada anónima alertó a la Agencia Veracruzana de Investigaciones respecto a que en una vivienda se encontraba enterrado un cuerpo. Un grupo de elementos de la agrupación se trasladó al domicilio de Rosa y encontraron el cadáver y a Omar M. A., quien terminó por confesar el crimen. El bebé fue recuperado y entregado a su padre.
En otro caso, Reyna Alicia N, de 22 años, fue asesinada por Eulalia L. O. y Roberto C. V. hace apenas unos días, el 2 de abril, en Oaxaca. Las investigaciones están en curso para descartar un posible hecho de tráfico de menores.
En el resto de los casos recabados por Salguero el móvil coincide: las homicidas pretendía quedarse con el bebé y criarlo como hijo propio. Nueve de las mujeres que cometieron el asesinato fingieron un embarazo para engañar a sus parejas, familiares y amigos.
Dos, Nancy Carrasco Pérez (quien asesinó a Luveneydi Yasmin Velázquez de 23 años, en octubre de 2015, en Tijuana, Baja California) y Damaris Rocío Jiménez habían estado embarazadas, pero perdieron a sus bebés y temían que, al no haber un niño, su pareja las dejara. Las demás no podían tener hijos y estaban obsesionadas con tener uno.
Hay una presión de la pareja y social hacia las mujeres para que sean madres, explica Soria. “En el contexto machista en el que vivimos, el mandato de la maternidad parece que viene aparejado con ser mujer, como una cosa que sí o sí tienes que cumplir. Ese estereotipo persiste y es muy dañino, aquí se ve el extremo de lo dañino que puede ser. Y no se trata de responsabilizar solo a las mujeres, sino de ser muy críticos sobre esto y ver cómo se puede cambiar”.
Esta presión, sumada al contexto de violencia generalizada en el país, la violencia estructural contra las mujeres, y a que sus cuerpos y sus vidas se perciben como desechables al grado de valorar más los productos en gestación, es lo que ha llevado al extremo de ser asesinadas para robarles a sus hijos, resalta la especialista.
Salvo en dos casos en los que eran amigas o parientes lejanas, el resto de las homicidas conoció a la víctima por Facebook, en la colonia o en una clínica de salud. Como Luveneydi Yasmin, quien conoció a Nancy Carrasco en el control prenatal de una clínica del IMSS.
Nancy había estado embarazada, pero perdió al bebé dos meses antes y no le dijo a nadie. Incluso fingió que asistía a las consultas de control prenatal y en sus idas a la clínica conoció a Luveneydi. Se hicieron amigas. Nancy la invitó a su casa. Luveneydi fue y Nancy la atacó con su propia mascada, sofocándola, hasta que perdió el conocimiento. Después le abrió el vientre con un cuchillo y sacó al bebé.
Investigaciones a fondo
Todas las homicidas involucradas en los casos documentados por Salguero fueron detenidas y se encuentran encarceladas. Cuatro de los bebés fallecieron a causa de la rudimentaria cesárea y los ocho restantes fueron recuperados por las autoridades y están con sus familiares.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), coinciden en que no se puede dimensionar la magnitud del problema porque no hay cifras oficiales. En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no existe la variable embarazada, por lo tanto, no se puede saber cuántas de las mujeres de quienes se desconoce su paradero estaban esperando un bebé.
Lo más que se puede conocer analizando este registro y filtrando por edad es que hasta febrero de 2018 se reportan en el país 100 niños desaparecidos de 0 años, la mayoría de ellos (64) en Sonora y el resto en el Estado de México y Coahuila. Niños de un año desaparecidos hay 137, la mayoría del Estado de México, Puebla y Nuevo León.
Organizaciones y activistas urgen a que haya un registro que considere la variable del embarazo para las víctimas de homicidio y desaparición, y a que se hagan investigaciones a fondo de los casos para descartar incluso la posibilidad de que detrás de estos asesinatos se encuentren redes del crimen organizado.
“Se ha intentado minimizar estos casos pensando que son casos aislados, pero podríamos estar frente a un fenómeno del que no se sabe qué hay detrás, porque no se hacen las investigaciones para ver si estas mujeres de verdad actúan solas o están en contacto con algunas redes. El estado ha sido omiso para analizar el fenómeno en su totalidad y para llevar las investigaciones a fondo”, afirma Soria.
En esto coincide el director de Redim: “una persona que es detenida por un hecho de este tipo, para evitar un agravante más y por miedo, no dirá soy parte de un grupo criminal. Eso debe descartarlo la autoridad, pero hay negligencia en las investigaciones e incapacidad para entender lo que puede haber detrás de este tema”.
María Salguero exhorta a las autoridades, sobre todo a las de salud, a que hagan una campaña para alertar a la población. “En las clínicas se pueden poner carteles hablando de los factores de riesgo y de la prevención, de no confiar en la gente, de no dar información demás, de andar acompañadas, preferentemente, no tiene que ser de un hombre, puede ser de otras mujeres y siempre decir a dónde y con quién van”.
 
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.