Luchan pueblos en Valles contra mineras extranjeras que convencen a través de grupos de choque

Aunque Oaxaca se posiciona en el octavo lugar en producción de oro y el séptimo en plata a nivel nacional, también se ubica con el 66.8 por ciento en el segundo nivel de pobreza a nivel nacional  y con el 28.3 por ciento en segundo lugar en pobreza extrema de acuerdo a los datos de la Coneval en su informe de medición de pobreza en México en el 2014.

La entidad se encuentra catalogada entre las entidades que aumentaron en pobreza y pobreza extrema junto con los estados de Morelos, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, entre otros. Las principales carencias que expone este estudio están relacionadas al ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social  y alimentación principalmente.

Sin embargo alberga en su territorio aproximadamente 40 proyectos mineros que en el discurso oficial son promovidos como megaproyectos que impactan en el desarrollo económico de las comunidades.

El documento Datos Económicos y  Proyectos Mineros en Oaxaca, México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, demuestra que empresas como Fortuna Silver, Sundance Minerals,Gold Resource Corporation, Almaden Minerals, entre otras, son algunas de las empresas de origen canadiense y  de Estados Unidos que han instalado  proyectos mineros en Oaxaca, principalmente en los Valles Centrales.

No obstante lejos de tener un impacto positivo en las comunidades ha generado conflictos sociales al interior de pueblos y comunidades donde se instalan, además de que atentan contra los derechos humanos y la integridad de los habitantes, según refieren organizaciones sociales en el estado y activistas representantes de pueblos originarios de Canadá, Estados Unidos y Tailandia integrados en la delegación internacional ‘Si a la Vida y la Madre Tierra, No a la Minería’.

Durante su visita al estado a finales del mes de octubre y las primeras semanas de noviembre, la delegación de 19 activistas visitó las comunidades de Magdalena Teitipac, Capulálpam de Méndez y San José del Progreso -poblaciones donde están instaladas algunas de estas empresas- y  constataron prácticas  irregulares  que han generado daños a su territorio, al medio ambiente pero además han alterado la forma de vida de las  y los pobladores.

En un encuentro con los medios de comunicación coordinado por las organizaciones Servicios para una Educación Alternativa y Ojo de Agua Comunicación, Paw Mea activista de origen tailandés expuso que las prácticas de las mineras en Oaxaca presentan problemáticas similares a las de sus país que se refieren fundamentalmente a temas ambientales, de salud y violencia social y división entre los pobladores.

Paw Mea dijo que en Tailandia la situación es más graves debido a que están sufriendo grandes niveles de contaminación, “el agua natural está cargada de metales pesados y  nuestra propia sangre tiene altos niveles de metales pesados”

No obstante el activista refirió que  durante su recorrido e investigación, observaron la división que ha provocado la introducción de estas empresas, mediante la contratación de grupos de choque que buscan reducir o acabar con la inconformidad de los pobladores, tal como ocurrió en la población de San José del Progreso, donde se dio muerte en 2012 a Bernardo Vázquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), organización opositora a la minera Cuzcatlán.

Minera de Oaxaca

Respecto a este asesinato, Neftalí Reyes Méndez informó que en abril de este 2015  fueron liberados los presuntos responsables del crimen lo que coloca a las y los defensores de los territorios en situación de vulnerabilidad.

El integrante de Educa Oaxaca explicó que estos proyectos mineros los impulsan 18 empresas, 16 de ellas son canadienses y 2 más con sede en Estados Unidos, de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Economía por una solicitud de acceso a la información  pública.

Reyes Méndez detalló que la región más afectada por proyectos mineros  en la entidad es Valles Centrales, la cual se encuentra concesionada en un 90 por ciento, 18 de estos proyectos están ubicados en esta región, considerada una de las más productivas en términos agrícolas.

La  preocupación se encuentra en la contaminación que pudieran provocar en el agua  y en las violaciones al derecho a la alimentación y el derecho a un medio ambiente sano, comentó el activista y especialista en temas de territorios.

Paw Mea coincidió con Reyes Méndez de Educa, al señalar  que observa  que  al igual que en su país, a  los gobiernos (estatal y  federal) no les interesa el bienestar común  promueven la ganancia antes que la salud, la seguridad y la libertad de decidir sobre los territorios de los pueblos que supuestamente representan., “lo que  significa graves problemas de derechos humanos”.

El representante de Educa expuso que esta situación que están viviendo los pueblos  y comunidades  a nivel mundial  está relacionada con  todos los tratados y acuerdos internacionales que el gobierno mexicano  ha firmado, principalmente derivado de la reforma en materia energética.

“Haciendo un  análisis de todo este paquete de reformas vemos que tienden a privatizar los bienes estratégicos de la nación, como son la energía, el petróleo y el gas, vemos que esto tiene que ver con todas las reformas  promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2012”, expuso.

En un primer momento el objetivo de esta delegación a territorio oaxaqueño, era generar un intercambio del impacto que causan las mineras así como de las estrategias de defensa que se está planteando desde estos países, una segunda etapa tiene que ver con la denuncia social.

“Asistimos para conversar de sus  luchas que también son las nuestras, son las mismas violaciones a los derechos humanos las que se cometen aquí  y en mi país,  son las mismas injusticias y las mismas políticas de los gobiernos” señaló uno de los integrantes de ‘Si a la Vida y la Madre Tierra, No a la Minería’.

A esta postura de denuncia se han sumado pobladores de al menos 51 comunidades de Oaxaca  y 17 organizaciones de la sociedad civil, quienes en conjunto  han rechazado los proyectos mineros e hidroeléctricos que  los gobiernos intentan relanzar en la entidad, a pesar de que han sido rechazados y que vulneran su derecho a poder de decidir sobre sus tierras  y los bienes comunes así como el  acceso a la información, “hasta el derecho a preservar nuestros territorios y decidir sobre nuestro propio desarrollo”, refirieron las personas afectadas.