Ni te veo ni te cuento: las personas con discapacidad son inexistentes para el gobierno mexicano

Las personas con discapacidad son “invisibles” en México. La falta de un registro nacional de personas con discapacidad y de cifras oficiales por tipo de discapacidad hacen que este sector de la población no cuente con el apoyo ni la atención necesarios, tales como la planeación de políticas públicas de acuerdo con sus requerimientos específicos y una visión transversal por parte del Estado que permita su integración completa a la sociedad.
Es el caso de Jessi, que vive en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México y tiene síndrome de Down. A sus 18 años, ninguna institución tiene registro de su condición genética, y nunca ha recibido ayuda a través de programas sociales o de salud, lo que reduce sus oportunidades de desarrollo.
Su madre, Nelly Solís, considera que la falta de cifras oficiales impacta de manera directa en la vida de las personas con discapacidad, “pues tanto para la sociedad como para las autoridades, ellos son invisibles o minimizan la segregación” que sufren padres e hijos.
Especialistas y organizaciones civiles atribuyen esta falta de registro a la nula coordinación entre las dependencias encargadas de conformarlo así como a la poca voluntad para atender el tema pues, argumentan, que las autoridades minimizan la situación.
El pasado 3 de mayo se celebró un aniversario más desde que en 2008 entró en vigor en México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto y, tras el primer debate entre candidatos presidenciales donde solo hubo dos menciones sobre el tema, es pertinente recordar que el gobierno de México está comprometido a garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Ello supone contar con cifras precisas, un censo completo, que requiere de “un trabajo intersecretarial pero, principalmente, de la coordinación entre el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”. Así lo indica a Newsweek en Español Guillermo Hernández, secretario técnico de la Coalición Mexicana por los Derechos de Personas con Discapacidad (Coamex).
La Coamex es un colectivo que incide en políticas públicas y monitoreo de acciones del gobierno para cumplir los derechos de las personas con discapacidad. “El no contar con cifras y un registro administrativo nos descobija, pues la falta de una información detallada sobre las personas con diversas discapacidades impide que una gran parte de este sector no pueda gozar de las políticas públicas que se generan”, explica Hernández.
La única ocasión en que una institución pública tuvo registro de Jessi fue cuando médicos del Instituto Nacional de Pediatría confirmaron que tenía síndrome de Down. Ninguna otra institución tiene registro de su condición.
El último Censo Nacional de Población, realizado por el INEGI en 2010 (se levanta cada diez años), señala que hay 5.7 millones de personas con alguna limitación física. Sin embargo, el INEGI no realizó un conteo por tipo de discapacidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias que afectan una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad para ejecutar tareas y las restricciones de la participación en situaciones vitales.
La discapacidad, dice la OMS, “es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”.
En 2016, el Conadis publicó el documento “La discapacidad en México, datos al 2014”, elaborado por el INEGI. En este estudio, que se basó en cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, se detalla que en México “la prevalencia de la discapacidad para 2014 era de 6 por ciento”.
“Esto significa —se explica— que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales”.
Dicho conteo se realizó por limitación física o impedimento motor, mas no por tipo de discapacidad; es decir, no hay un registro que especifique, por ejemplo, cuántas personas hay con síndrome de Down, trastorno del espectro autista (autismo), o discapacidad intelectual en el país.
Nelly recuerda que cuando personal del INEGI acudió a su casa para levantar este registro, el encuestador preguntó si sus cuatro hijos estudiaban, ella mencionó que todos menos Jessi, acotando que era porque tenía síndrome de Down.
“Cuando le comenté la condición de mi hija, vi que anotó algo y no volvió a mencionarla. Desde ese momento solo hizo preguntas de mis otros tres hijos, pero en ningún momento me preguntó si Jessi tenía alguna limitación física”, agrega.
Nelly Solís considera que las cifras de la Enadid 2014 no son confiables, pues no sabe cómo fue catalogada su hija y mucho menos si se encuentra dentro de esos 7.1 millones de personas.
La neuroterapeuta Marta Elena Valverde opina que “uno de los aspectos más pobres en México es la estadística. Existe muy poca cultura sobre la discapacidad. Puede que una persona tenga una discapacidad motriz severa, pero con una gran inteligencia y capacidad de desarrollo intelectual y, sin embargo, se le estigmatiza y no se le da la oportunidad de crecimiento”, explica.
Respecto al muestreo realizado, Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, explica en entrevista que la razón de hacer un conteo bajo esta clasificación, de limitación y no discapacidades, se debe a cuestiones metodológicas estandarizadas a escala internacional.

“Si presentamos las cifras de esta manera se debe meramente a cuestiones metodológicas y científicas. El que una persona tenga o no alguna discapacidad o trastorno debe de determinarlo un médico, mas no un encuestador del INEGI. Es decir, esta estadística tiene que ver más bien con un registro administrativo”, argumenta Vielma Orozco.
Para medir a la población con discapacidad, el INEGI utiliza como base el Grupo de Washington (GW), el cual es un referente internacional dedicado a las estadísticas sobre discapacidad, que a su vez se basa en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
El GW fue creado en 2001 con el fin de promover el uso de un estándar para la medición de la población con discapacidad en censos y encuestas nacionales. Este “se ha enfocado más específicamente en la medición bajo un mismo enfoque conceptual, con el objetivo de homologar criterios en la elaboración de instrumentos y, a su vez, obtener datos comparables entre los países acerca de esta población”, se indica en el documento “La discapacidad en México, datos al 2014”.
El objetivo de la clasificación del GW, utilizada por el INEGI, es hacer evidente el efecto positivo o negativo de los distintos aspectos que repercuten en el funcionamiento de las personas, que van desde el funcionamiento corporal, la capacidad de realizar actividades y las relaciones sociales hasta las actitudes de la sociedad.
El mismo documento plantea que “los trabajos del GW buscan cuantificar a la población con discapacidad a partir de identificar las dificultades que tiene la población en determinadas actividades”.
Para la mamá de Jessi, la metodología utilizada por el INEGI no es efectiva ni la más adecuada, pues oculta la cifra real y dificulta el contexto para las personas discapacitadas porque minimizan el tema:
“Por estas cifras disfrazadas, la gente minimiza el problema; porque no piensa en las personas con discapacidad, nos hacemos de ojos ciegos, cuando ellos tienen el derecho de ser contados”.
¿QUIÉN DEBE CREAR UN REGISTRO NACIONAL?
Desde el punto de vista de los expertos, un conteo real de personas con discapacidad solo será posible con el trabajo en coordinación con las dependencias encargadas del registro administrativo: INEGI y Conadis.
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad —que depende de la Secretaría de Desarrollo Social— tiene como objetivo “establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida”, según se lee en su página oficial.
El Conadis juega un papel fundamental para que, en coordinación con el INEGI, se logre un conteo real de las personas con discapacidad.
En entrevista con Newsweek en Español, el legislador Gerardo Larrauri, integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, explica que, desde el punto de vista legal, tanto el INEGI como el Conadis tienen la misma obligación de trabajar en conjunto para lograr el conteo y registro oficial.
“En 2011 se crea un Sistema Nacional de Información de Discapacidad; dentro de este proyecto la idea es que el INEGI y el Conadis recolecten la información. La ley indica que para crear el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, el Conadis es quien debe encabezar los trabajos de este sistema, pero el titular constitucional es el INEGI”, explica.
La Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados plantea que, para tratar de lograr un trabajo en conjunto, deberían de analizarse “cuáles son los instrumentos correctos para conocer la realidad de la discapacidad en el país”; además de buscar una coordinación intersecretarial, pues eso facilitaría el trabajo.
“Los censos son muy buena fuente de información, pero tienen limitaciones estadísticas. Por tanto, la Comisión considera que lo que necesitamos es una aproximación que se desprenda de los registros administrativos de las personas con discapacidad. Nuestra propuesta es que el Registro Nacional de Población agregue el de las personas con discapacidad”.

Larrauri argumenta que una aproximación estadística del tema, como las cifras presentadas por el INEGI, necesita contrastarse con la realidad que se desprende de certificados de discapacidad o los registros administrativos.
“Durante las encuestas solo se pregunta si se consideran personas con discapacidad o si alguien en la familia tiene alguna limitación. Si la persona no se considera discapacitada, no lo cuentan en el INEGI. En ese sentido, los registros administrativos tienen la ventaja de que todas las personas por sí solas cambiarían su estatus legal para tener beneficios otorgados por el gobierno al ser personas con discapacidad”.
Desafortunadamente existe una gran desinformación respecto a la creación de los registros administrativos. Incluso las mismas personas con discapacidad o sus familiares desconocen la existencia de dependencias como el Conadis, encargadas de atender la problemática.
“A mí no me había caído el veinte de la importancia de los registros administrativos, hasta hace unos meses que me enteré de las cifras presentadas por el INEGI, así como de la falta de registros en las dependencias federales; ahora entiendo que si estos existieran, Jessi, como todas las personas con discapacidad, podría tener una mejor calidad de vida”, comenta Nelly Solís.
RUMBO AL CENSO 2020
La Conadis ha solicitado que el INEGI no deje de lado a las personas con discapacidad de su cuestionario básico en el próximo censo poblacional, el cual se realizará en dos años.
“Se trata de dos procesos distintos, uno es el censo y el otro es el registro administrativo en el que nosotros trabajamos, pero es igual de importante que el INEGI no deje fuera de su cuestionario las preguntas relacionadas con personas con discapacidad”, argumenta Mercedes Juan, titular del Conadis.
Por medio de una carta publicada hace algunas semanas, este organismo señaló que las preguntas relacionadas con las discapacidades físicas podrían quedar fuera del cuestionario básico y pasar al cuestionario ampliado.
El cuestionario básico se aplica en todas las viviendas del país, y aunque las preguntas serían las mismas que las del censo de 2010, se obtendrían datos más aproximados sobre el número de personas con algún impedimento físico.
En caso de que las preguntas sobre limitaciones pasaran al cuestionario ampliado, se tendría una mayor probabilidad de tener cifras inexactas. Esto se debe a que el cuestionario ampliado se basa solo en un muestreo, es decir, se aplica solo en 800 municipios y de allí se obtiene un porcentaje.
Al respecto, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, argumenta que la propuesta de realizar dichas preguntas en el cuestionario ampliado se debe principalmente a que en este las preguntas profundizan más sobre el tema.
“Para realizar el Censo Nacional de Población 2020 —refiere Edgar Vielma Orozco— abrimos un proceso de consulta pública en el que la sociedad puede ayudarnos a diseñarlo. De ninguna manera dejaremos fuera las preguntas relacionadas con la discapacidad. El INEGI nunca ha dicho que estas preguntas estarán fuera del cuestionario básico, únicamente contemplamos pasarlo al ampliado porque las preguntas pueden ser más específicas. Pero si la intención es tener un conteo más realista, se quedarán en el básico, aunque las preguntas seguirán siendo muy generales”.

Vielma Orozco asegura que han tenido diversas reuniones tanto con el Conadis como con organizaciones interesadas en el tema, y en todas se ha dejado clara la intención del INEGI para cooperar en un conteo más exacto. Sin embargo, considera que el primer paso para que esto se logre es tener los registros administrativos.
El cuestionario final estará definido en el primer trimestre de 2019 ym ante ello, Edgar Vielma comenta que, de no llegar a un acuerdo distinto para la medición de personas con discapacidad, ellos seguirán realizando el conteo con base en las metodologías internacionales utilizadas en 2010.
El funcionario del INEGI asevera que, como instituto estadístico del gobierno, el órgano está en la mejor disposición de cooperar y trabajar para lograr un conteo exacto del sector por discapacidad.
“Sería una irresponsabilidad nuestra el que un encuestador sin conocimientos médicos decrete si la persona tiene o no alguna discapacidad. Para lograr esto necesitamos el apoyo de especialistas en el tema, así como de la Secretaría de Salud. De la misma forma, hemos exhortado al Conadis para que trabaje en los registros administrativos que nos darían un panorama más amplio y acertado sobre el número de personas con discapacidad”, sostiene.
Vielma Orozco reitera la invitación tanto a organizaciones como al Conadis para trabajar en conjunto con miras al censo 2020 y definir si las preguntas relacionadas con limitaciones físicas estarán en el cuestionario básico o el ampliado.
CIFRAS INEXACTAS
Las secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Educación Pública son tres de las dependencias que cuentan con los datos necesarios para elaborar un registro administrativo de las personas con discapacidad en México.
Mercedes Juan, titular del Conadis, comentó que trabajan con estas dependencias en busca de conseguir datos más precisos. “Estamos trabajando con la Secretaría de Salud, la Sedesol y la SEP, pues ellos tienen los padrones de beneficiarios a través de registros administrativos para identificar a las personas y qué tipo de discapacidad tienen”, afirma.
A este respecto comenta que se firmará un convenio entre la Secretaría de Salud y la Sedesol para intercambiar información y tener un análisis mucho más específico:
“En el registro que llevamos hasta ahora con estas dependencias, tenemos casi 4 millones de casos identificados, de los 7.1 millones detectados en 2014 en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, pero estos 4 millones aún no son oficiales, pues continuamos en el proceso de registros”, acotó.
La titular del Conadis contempla que antes de que termine el año tendrán mayor información respecto al intercambio de registros y, por ende, sobre el número de personas con discapacidad en México. “La Conadis está coordinando el trabajo”, subrayó.
Jessi no está registrada en ninguna de estas tres dependencias. Cuando apenas terminaba el kínder, los maestros dijeron que no sería capaz de cursar la primaria y que la canalizarían a un Centro de Atención Múltiple (CAM).
Nelly intentó que Jessi fuera aceptada en un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), lugar del cual la rechazaron por tener síndrome de Down. Finalmente acudió a un CAM, pero no pasó mucho tiempo para darse cuenta de que no era la mejor opción educativa para su hija, por lo que buscó una opción alterna. Encontraron la escuela de artes Calli Down, la cual no depende de la SEP, pero está subsidiada por el gobierno. En este lugar, Jessi ha logrado crecer y desarrollar sus capacidades durante los últimos seis años.
Aunque asiste a la escuela, Jessi no está registrada ante la SEP.
En el rubro de la salud las cosas no han sido distintas. En 2017, Nelly tuvo acceso al ISSSTE y registró a sus cuatro hijos. “Cuando registré a Jessi no me hicieron un cuestionario para saber su historial médico, solo la dieron de alta y ya. Es decir, tampoco en el ISSSTE saben que mi hija tiene síndrome de Down”, asegura.
Jessi no es beneficiaria de ningún programa social. De hecho, el DIF al que acudía la dio de baja de las terapias ocupacional, de lenguaje y de las citas al psicólogo bajo el argumento de que las personas con síndrome de Down tienen más posibilidades de seguir adelante que las que cuentan otro tipo de discapacidades.
Por tal motivo, Jessi tampoco aparecería en el registro administrativo realizado por el Conadis.
PANORAMA DESALENTADOR
Mientras el debate gira en torno a la creación de registros administrativos y el trabajo conjunto entre dependencias, los expertos creen que pueden pasar años antes de que la situación se resuelva y por fin existan registros que permitan un conteo exacto.
Guillermo Hernández, secretario técnico de la Coalición Mexicana por los Derechos de Personas con Discapacidad (Coamex), explica que, mientras el censo siga tomando en cuenta solo las limitaciones, los resultados serán muy subjetivos, pero comprende que el INEGI sigue metodologías internacionales.
Desde su punto de vista, el Conadis ha hecho lo que ha estado dentro de sus capacidades y acepta que tanto el personal como el presupuesto con el que cuentan son limitados. Eso, aunado a los cambios administrativos que han tenido en años recientes, hace que el trabajo se complique aún más.
Si bien han tenido reuniones con personal del INEGI para resolver cómo se integrarán las preguntas en el censo 2020, “hasta ahora no hemos tenido respuesta de su parte”.
“Nuestra preocupación —dice— es que, ante una falta de acuerdo, las preguntas pueden quedar fuera, y si esto sucede habría que esperar otros diez años para que el INEGI presente cifras de las personas con discapacidad”.
Para Hernández es necesario tener un conteo del INEGI, pues es el único dato oficial con el que se cuenta, toda vez que el Conadis no ha presentado los registros administrativos.
“La doctora Mercedes Juan ha hecho un buen trabajo en el Conadis, pero es un consejo al que no han dejado trabajar ni han otorgado los recursos suficientes. Además, tendría que ser una dependencia independiente a una secretaría y otorgarle las atribuciones necesarias para que su trabajo pueda verse reflejado”, opina el integrante de Coamex.
Guillermo Hernández vislumbra un panorama complicado en cuanto al registro de personas con discapacidad. “Se viene el cambio de administración y con ello podría haber modificaciones en los avances que se han conseguido. El escenario político no es nada alentador”. Por ello es necesario que el INEGI no deje fuera de su censo a este sector de la población.
El experto en el tema de discapacidad considera que la solución está en reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer es necesario un Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
Gerardo Gaya, fundador de Iluminemos de Azul, organización dedicada al tratamiento del trastorno del espectro autista (autismo), lamenta las cifras imprecisas con las que cuenta el INEGI sobre el tema de discapacidad.
“El INEGI ha registrado tan solo a unos cuantos miles de personas con autismo, cuando en realidad sabemos que hay más de un millón de casos. La diferencia es preocupante, pues entre menos casos registrados de manera oficial existan, menos acceso tenemos a presupuesto y políticas que beneficien a este sector”.
Gaya comprende que la responsabilidad puede no ser totalmente del INEGI, pero considera preocupante la situación, pues con el paso de los años las más afectadas siguen siendo las personas con discapacidad.
“Lo que no se ve no cuenta, y mientras los conteos sigan con esta dinámica, las personas no solo con autismo, sino con otras discapacidades, seguirán siendo invisibles para la sociedad, o en su defecto, al registrar un bajo número de casos se convierten en objetos de lástima o discriminación”, argumenta el fundador de Iluminemos de Azul.
La solución, según Gerardo Gaya, está en contar con los registros administrativos que impulsen la creación del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Solo así podría conseguirse un presupuesto digno para este sector y acceder a las políticas públicas que permitan una mejora en la calidad de vida.
También pide a las autoridades que se le dé la misma importancia a las discapacidades como a otras enfermedades que aquejan a millones de mexicanos. “La diabetes se volvió relevante precisamente porque el gobierno tomó en serio el tema y contabilizó los casos reales, a diferencia de lo que hace con casos como el autismo”.
ALTERNATIVAS PARA UN CONTEO
Pese a que Nelly Solís, Gerardo Gaya y Guillermo Hernández ven un futuro poco alentador, consideran que puede haber opciones que permitan llegar a una cifra oficial que aclare el panorama de las personas con discapacidad.
“Jessi puede ser invisible para la sociedad, pero no para nosotros. Creo que una buena solución para la elaboración de los registros sería desde las escuelas. Que cada una, sea privada o pública, genere sus registros y los entregue a la SEP, pero que este conteo dependa de los maestros, quienes son los que sí conocen a los alumnos y las discapacidades que tienen”, propone Nelly.
Ella piensa que solo de esta forma los alumnos que no pertenecen a la SEP, como el caso de los que asisten a Calli Down, podrían ser parte de un registro nacional.
También exhorta a los candidatos a la Presidencia de México a tomar más en cuenta a las personas con discapacidad dentro de sus propuestas, pues, dice, ellos también cuentan a la hora de votar.
“No nos hagamos ojos ciegos y tomemos de la mano a los chicos con discapacidad porque ellos también merecen la oportunidad de vivir con calidad”, pide. La periodista y activista Katia D’Artigues, madre de un joven con síndrome de Down, señala las consecuencias negativas para este sector de la población si no se logra un registro nacional de personas con discapacidad.
“Si tú no sabes cuántas personas con discapacidad hay, dónde están y qué necesitan, cómo vas a trazar políticas públicas adecuadas”, inquiere.

Desde su punto de vista, existe una constante invisibilidad de las personas con discapacidad, y aunque haya un presupuesto destinado para este sector, no hay claridad sobre la manera en que se ocupa.
Acepta que el Conadis poco ha podido hacer para mejorar la situación debido a los problemas administrativos que ha enfrentado, mientras que las secretarías involucradas en el tema han hecho esfuerzos aislados y no se clarifican políticas de Estado idóneas.
Destaca que entre las necesidades más importantes se encuentran el acceso a la educación, pues continuamente las personas con alguna discapacidad sufren discriminación, además de ayuda económica para las familias, pues en muchos casos la situación provoca que los padres dejen sus trabajos para atender a quien presente alguna discapacidad.
Considera que la creación de los registros administrativos solo es una parte de la solución y recomienda formar “una sociedad civil más activa, hablar más entre nosotros y defendernos. No hay que olvidar que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano”.
Al igual que Nelly, considera que los candidatos han ofrecido propuestas poco claras con relación al tema, y ve las elecciones del próximo 1 de julio como una oportunidad para lograr que los candidatos se comprometan a cambiar el contexto actual.
D’Artigues propone que el gobierno federal emita una credencial, como ocurre en la Ciudad de México, y que otorgue beneficios, como ciertos descuentos en los servicios. Con ello, considera que las personas con discapacidad se acercarán por sí solas para formar parte del registro administrativo y, posteriormente, el nacional.
La activista y periodista plantea también que para lograr un conteo certero se necesita del censo, entrevistas y encuestas realizadas por personal capacitado.
La neuroterapeuta Marta Elena Valverde explica, por su parte, que en lo que respecta a parálisis cerebral, se inició un proceso de investigación y de estadística confiable a cargo de terapeutas del Instituto Nacional de Rehabilitación, quienes capacitarán a personal de instituciones públicas para que realicen el procedimiento de registro.
“Apenas nos están capacitando para clasificar por rangos de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Con esta metodología se usan códigos que permiten poner rangos y también saber si es discapacidad mental, de lenguaje, cognitiva, social, etcétera”, agrega.
Mientras no existan cifras oficiales, en México continuará la exclusión y falta de oportunidades para las personas con discapacidad, dice Valverde.
“Las oportunidades que tienen las niñas y los niños con discapacidad dependen de qué tanto se mueva su familia para ayudarlos. Los familiares aprenden, investigan, invierten, usan todos los medios posibles, y de eso depende el crecimiento de ellos”, recalca.
Esto evidencia la carencia de políticas públicas, finaliza la neuroterapeuta. “Nos falta muchísimo camino por recorrer”.
DISCAPACIDAD, AL ALZA
Más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia va en aumento porque la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. (Fuente: OMS)
NO SON PRIORIDAD PARA CANDIDATOS
Las personas con discapacidad fueron mencionadas solo dos veces en el debate. La primera ofrece una visión médica. La segunda es una visión asistencialista en la que la candidata nunca se refiere de manera directa a la persona con discapacidad, sino a su madre o quien la acompaña.
El candidato Ricardo Anaya hizo una mención durante el debate. Hay que “empezar por reconocer la deuda histórica que tenemos” con “los excluidos porque padecen alguna discapacidad. Porque un país mide su desarrollo en función del trato que le da a aquellos que tienen mayor desventaja, hagamos un país incluyente en el que podamos caminar todos juntos, primer paso: reconocer que tenemos una deuda histórica y condenar cualquier tipo de discriminación en nuestro país”.
La candidata Margarita Zavala hizo una mención durante el debate. “Yo te voy a defender a ti, mujer, que no te dejan meter a tu hijo a la escuela porque tiene una discapacidad”.
Los candidatos José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obrador no mencionaron en el debate a las personas con discapacidad.
CIFRAS MUNDIALES
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 por ciento de la población de cada país tiene alguna discapacidad, lo que equivaldría en México a 18 millones 525,000 personas considerando que somos 123 millones 500,000 habitantes. El INEGI dice que en México son 5.7 millones de personas con discapacidad.
 
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.