Organizaciones en Oaxaca presentan amparo contra decretos para privatizar el agua; suman 30 en el país

julio 27, 2018
Fuente
Estado

OAXACA, Oax. (apro).- Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde presentaron un amparo contra los decretos de privatización del agua firmados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 5 de junio.
Ambas agrupaciones destacaron que, de acuerdo con el análisis del Colegio de Biólogos, tales decretos, que calificaron de “ilegales e inconstitucionales”, dejan 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionados por periodos de hasta 30 años renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.
Y, según el Registro Público de Derechos al Agua, a sólo 25 días de la firma de los decretos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya había otorgado más de 500 nuevas concesiones.
Es por ello que Educa y el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde interpusieron esa acción legal, con lo que suman más de 30 amparos acogidos por la campaña Agua para Todos en 12 entidades del país, y demandaron que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución.

Los amparos, subrayaron, demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos y dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas que reza: “el agua es de quien la solicita primero”.
En el marco del Día Nacional de Acción por el Agua, organizaciones y pueblos indígenas realizarán este viernes una serie de acciones frente a las oficinas de la Conagua en todo el país, para protestar contra los abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
En particular, informarán sobre los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluidas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (Cemda), Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Central Campesina Cardenista (CCC), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
De acuerdo con los amparos, “el levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos para su justificación. De esta manera se abrió un gran volumen de aguas nacionales a ser concesionadas sin respetar el principio del ‘acceso equitativo’ establecido en la reforma constitucional del 8 febrero 2012 reconociendo el derecho humano al agua”.
Además, se emitieron los decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados, según los inconformes.
Adicionalmente, el amparo presentado en la Ciudad de México demostró que los decretos representan una violación a los derechos de la naturaleza, reconocidos en esta entidad federativa.
Analistas de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, explicaron que los decretos representan un intento de “pintar de verde” el levantamiento de vedas, con el objetivo de extender el mercantilismo de la actual Ley de Aguas Nacionales, en pleno desacato a la obligación constitucional.
“Es ingenuo pensar que la Conagua ahora sí va a respetar las reservas, cuando ha otorgado concesiones en violación de las vedas a lo largo de su existencia. Lo que ha cambiado ahora es que las empresas trasnacionales que están entrando al país debido a la reforma energética exigen concesiones con mayor seguridad jurídica, otorgadas sin la sombra de una veda”, puntualizaron los inconformes.
Por consiguiente, demandaron a Peña Nieto que vuelva a establecer las 30 vedas canceladas y rescate a favor de la nación cualquier concesión o asignación que se haya otorgado en las distintas regiones desde la firma de los decretos.
También hicieron un llamado a los legisladores electos para que aprueben una Ley General de Aguas que ofrecería una verdadera protección del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
Proceso / PEDRO MATÍAS