Paciente con tumor en la columna presenta denuncia penal contra el IMSS, tras 8 años sin tratamiento

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En octubre de 2009, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) diagnosticó a Rebeca Jiménez, mujer trabajadora que entonces tenía 38 años de edad, con “hemangioma” en la columna vertebral, es decir, un tumor provocado por acumulación de vasos sanguíneos que, según le informaron en ese momento, era inoperable y benigno, por lo que podía continuar con su vida laboral.
Tal como consta en su registro médico, el tratamiento brindado a Rebeca, un año después, en 2010, fue una operación en la columna para liberarle espacio y despresurizar la vértebra afectada por el tumor.
A raíz de esta operación, sin embargo, Rebeca perdió la sensibilidad en una pierna y, peor aún, comenzó a sufrir un dolor en la espalda tan agudo que no pudo trabajar más.
Ese mismo año, el IMSS la declaró con incapacidad laboral permanente, y la pensionó, pero no por el hemangioma en su columna, sino por “incontinencia”, un padecimiento que en realidad Rebeca nunca ha tenido.
Durante los ocho años transcurridos desde entonces, a causa del permanente dolor en la espalda y de la pérdida de sensibilidad en una de sus piernas, Rebeca ha vivido postrada en un sillón, del que sólo se aleja para ir en ambulancia a las salas de urgencias del Seguro Social, cuando el dolor incrementa hasta volverse insoportable.
En todo ese tiempo no ha recibido ningún tratamiento para el tumor y, peor aún, los síntomas han sido atribuidos a un sinfín de enfermedades.
En total, entre 2010 y 2017, Rebeca recibió 16 diagnósticos distintos por parte del IMSS: lupus, lumbalgia, radiculopatía, fibromialgia, sobrepeso, entre otros.
Incluso, verbalmente ha sido acusada de inventar su sufrimiento, con el argumento de que los hemangiomas no duelen.
En abril de 2017, finalmente el IMSS realizó una tomografía de espalda a Rebeca, y en el resultado de ésta (cuya copia posee Animal Político) se establece que la vértebra en la que se alberga el tumor presenta “lesión lítica” e “infiltración grasa de músculos espinales”, por lo que se sugiere atender el hemangioma.
No obstante, un mes después, en mayo de 2017, el área de “Cirugía de columna” del Hospital General Regional 2 del IMSS concluyó que no hay datos “de destrucción del cuerpo vertebral característicos de un hemangioma”, y la dio de alta.
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Como buena promotora médica, labor que desarrolló hasta que fue declarada con incapacidad permanente para trabajar, Rebeca lleva un expediente puntual de las notas médicas expedidas durante todo este tiempo por el IMSS.
– ¿Considera que existe mala fe en el trato que ha recibido? – se le pregunta.
–En el Hospital General Regional 2 del IMSS, que es donde me toca, simplemente no me quieren atender. Verbalmente me lo han dicho, personal que se ha sentido inconforme con esta situación: mi expediente está marcado.
La razón, explica, se halla en un problema que se dio de forma paralela a su padecimiento de espalda, con el personal de esta institución médica.
“En 2008 yo sufrí un accidente vehicular, por el cual me hicieron una intervención quirúrgica que se denomina colectomía total: me extirparon el intestino grueso. A raíz de esa operación empecé a tener muchos problemas, dolor, sangrado, y nunca me dieron atención, sólo me decían que no tenía nada, que me tenía que acostumbrar. Empecé a recibir muy malos tratos, una vez me dijeron que yo era una ‘huevona’. Entonces yo presenté una denuncia penal en contra de los médicos y el personal que me atendió para esa operación, por negligencia y lesiones”, narra.
En 2012, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó peritaje en el que se señala que Rebeca recibió un trato de “calidad y calidez”, y aunque la denuncia no fue desechada, sí se archivó.
Por intermediación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo ante el cual interpuso una queja contra el IMSS, Rebeca finalmente logró en noviembre de 2017 que su atención fuera encomendada a médicos de otro hospital, por lo que fue redirigida al Hospital General Regional 1 doctor Gabriel Mancera, en donde hicieron dos descubrimientos.
El primero: que aún cuando de origen se determinó que requería una colectomía total, los médicos del Regional 2 dejaron un fragmento del intestino grueso, lo que dio origen a los problemas digestivos que desde entonces padece.
El segundo es que la gravedad de su problema en la espalda la mantiene con “probabilidad de limitación funcional permanente de 50%, riesgo de infección y riesgo de tromboembolismo pulmonar”.
En enero de 2018, el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI solicitó una nueva resonancia magnética a la columna de Rebeca, y un estudio de neurología, para “abrir expediente” y determinar el tratamiento a seguir contra el tumor… más de ocho años después de ser detectado.
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Aún cuando Rebeca es atendida por médicos del IMSS distintos a los del Hospital Regional 2, el nuevo proceso de diagnóstico apenas inicia, y lentamente.
La revisión solicitada en enero al área de neurología se dio hasta en marzo, acompañada ahora Rebeca por representantes de la CNDH, y nuevos estudios fueron requeridos.
“Las cosas parecen ir avanzando, pero también siguen igual: no he recibido aún un diagnóstico y, por lo tanto, tampoco un tratamiento”, señala.
Tanto sus padecimientos de columna, como sus padecimientos digestivos, fueron consecuencia de no haberle dado seguimiento médico adecuado, afirma, y eso “atenta contra mis derechos” y se convierte, en los hechos, en un acto lesivo.
Bajo este razonamiento, y con el apoyo gratuito de la Fundación de la Barra Nacional de Abogados, Rebeca interpuso una nueva denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, en marzo de 2018.
El abogado José Flores Huerta, integrante de la Barra y quien asumió la asesoría jurídica gratuita, explica que “dejando por un momento de lado si las intervenciones quirúrgicas fueron practicadas bien o mal, creemos que a la señora Rebeca le han venido negando en el IMSS un seguimiento médico adecuado, la han traído de aquí para allá, durante muchos años, sin darle un diagnóstico ni un tratamiento adecuados, y eso ha provocado un daño a su salud”.
Por ello, subraya, “eso se traduce en un delito, que es el de lesiones. Este tipo de negligencias sí se le pueden atribuir a los médicos, ellos son responsables de dar seguimiento a las personas que atraviesan una condición clínica, el tratamiento no acaba en la operación, y el no haberle dado seguimiento se convierte en un daño, y eso se debe castigar penalmente”.
Las nuevas reglas del sistema penal obligan a que esta denuncia sea investigada con prontitud, destaca, pero “el nuevo sistema penal son reglas nuevas para actores viejos”, lo que no garantiza necesariamente profesionalismo por parte del Ministerio Público.
Consultado al respecto de esta denuncia, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó a Animal Político que “la atención brindada a la paciente ha sido oportuna y adecuada”.
En una nota enviada a este portal, el IMSS asegura que “la paciente ha recibido atención integral médico-quirúrgica, que no incluye el tratamiento quirúrgico del hemangioma ya diagnosticado”.
La razón, subraya el IMSS, es que “el riesgo rebasa el beneficio que (una intervención quirúrgica) pudiera ofrecer”.
Paradójicamente, la cita en la que el área de neurocirugía del Centro Médico Siglo XXI, del IMSS, evaluará si aún es posible realizar una intervención quirúrgica está programada hasta el próximo 3 de mayo.
“A mí me han dicho los médicos –lamenta Rebeca–, que un día simplemente el tumor va a reventar y me voy a caer muerta. Con cada día, con cada minuto que pasa, el riesgo aumenta. Y yo quiero vivir, volver a vivir”.