Oaxaca de Juárez, Oax. a 24 de noviembre de 2025.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Macedonio Alcalá, ubicada en Cuilápam de Guerrero, se manifestaron para exigir la destitución inmediata de la directora Violeta Cuadrado Vázquez, a quien acusan de fomentar acoso escolar, discriminación y falta de transparencia en el manejo de recursos. Los inconformes, acompañados por el colectivo Sororidad y el presidente del comité de padres, Marvin, señalaron que los problemas se arrastran desde hace tres ciclos escolares, pero la protesta se detonó ante el incremento del hostigamiento hacia alumnos y tutores.
Los padres afirmaron haber acudido sin éxito a instancias como la Defensoría de los Derechos Humanos y el IEEPO, dirigido por Emilio Montero Pérez, por lo que solicitaron la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz, al denunciar omisiones burocráticas que afectan el bienestar infantil.
Entre las acusaciones destacan actos de discriminación por color de piel y orientación sexual, incluyendo insultos y amenazas contra padres de la comunidad LGBT. También denunciaron expulsiones injustificadas de alrededor de 60 estudiantes, quienes intentaron reportar casos de bullying o acoso sexual sin seguir procedimientos internos.
Los inconformes señalaron que la directora controla de manera unilateral los ingresos por eventos escolares —como el Día de Muertos— y presuntamente obliga a estudiantes a vender productos chatarra, además de manejar fondos estimados en medio millón de pesos sin rendición de cuentas, lo que ha frenado mejoras en las instalaciones.
Un caso particularmente grave involucra la negligencia en la atención médica a un estudiante con fractura, cuyos gastos fueron asumidos únicamente por la familia. Tras el incidente, el menor habría sido víctima de humillaciones, lo que motivó su retiro de la institución.
Otro señalamiento preocupante es la restricción al uso de los baños mediante un gafete en forma de llave, lo que ha provocado afectaciones a la salud de algunos alumnos. Los padres advierten que estas prácticas vulneran derechos educativos y convierten el plantel en un entorno de riesgo emocional y físico.
Como respuesta, la comunidad exige el cese preventivo de la directora, una investigación imparcial, así como sanciones administrativas y penales por presunta omisión de auxilio. También piden la reincorporación de los estudiantes expulsados y brindar apoyo psicológico a los afectados. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial, aunque señalaron que la presidenta municipal de Cuilápam ha facilitado algunas mejoras previas en la escuela.
