Pide María de Jesús Mendoza Sánchez que servidores públicos comparezcan antes de la aprobación del presupuesto de egresos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 29 de Enero del 2018.- La diputada local del Partido Acción Nacional, (PAN), María de Jesús Mendoza Sánchez, presentò una iniciativa ante el pleno del Honorable Congreso del Estado, para que las comparecencias de las y los servidores públicos, con motivo de la glosa del informe del Gobernador, se lleven a cabo antes de la aprobación del presupuesto de egresos del año que corresponda. Esto, con el objetivo de que las diputadas y diputados puedan contar con mayor información al momento de aprobar el presupuesto.

Mendoza Sánchez señalò que al congreso le corresponde realizar el análisis del informe y en su caso solicitar al Gobernador ampliar la información mediante pregunta por escrito y/o citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades e instituciones, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

La Ley Orgánica y el reglamento establecen la forma en que deberán llevarse a cabo las comparecencias de los servidores públicos, por costumbre se desarrolla clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y seguridad.

En una segunda participación, la representante blanquiazul en compañía de las diputadas Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Arcelia López Hernández, y el diputado Ángel Domínguez Escobar, presentaron una iniciativa por la cual se adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y donde se señala de manera precisa que tanto el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial así como los órganos autónomos como partes integrantes del Estado Oaxaqueño, tienen la obligación de llevar a cabo la o las consultas necesarias.

Por último, la representante popular asegurò: «A través del proceso de consulta, los pueblos y comunidades indígenas, pueden expresar su consentimiento libre, previo e informado o su rechazo de la medida que las autoridades pretendan implementar, además de hacer efectivo el deber de proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación de estas colectividades».

Miguel Ruíz Gallegos.