Presunto contador del CJNG fue subdirector de la Policía de Puerto Vallarta

Entre 2011 y 2012, Adrián “N”, presunto contador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fungió como subdirector administrativo de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, además de ser enlace ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la operación del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).
De acuerdo con la sentencia de un amparo directo concedido a Adrián “N”, contra la decisión de un juez en materia laboral dictada en 2016, se ordenó que además de su reinstalación como subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal en Puerto Vallarta, se le pagaran salarios caídos.
Documentos de transparencia del ayuntamiento de Puerto Vallarta indican que el entonces funcionario realizó un  viaje oficial a Santiago de Chile, entre el 24 y 31 de octubre de 2010, para estar presente en el “Segundo Encuentro de la Red Latinoamericana de Gestión de Personas por Competencia y Organizaciones Sostenibles”.
Además representaba al director de la Policía Municipal en algunas reuniones convocadas por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La información obtenida por Animal Político revela que el ingresó a Adrián “N” a la policía municipal se dio el primero de enero de 2010, en la administración del alcalde priista Salvador González Reséndiz.
Gana reinstalación
Inconforme por su despido como funcionario de la administración municipal de Puerto Vallarta 2010-2012, en febrero de 2013 Adrián “N” demandó al Ayuntamiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
Reclamó salarios caídos por su cargo de subdirector administrativo, horas extra, bonos económicos de servidor público, cuotas dejadas de aportar al IMSS y al fondo ahorro para el retiro, así como su sueldo por la comisión como enlace del SUBSEMUN.
El 1 de agosto de 2016 el tribunal laboral falló en favor de Adrián “N” en la mayoría de sus peticiones, incluso en que fuera reinstalado en el cargo que ostentaba; sin embargo, no condenó al municipio a pagarle 12 mil pesos mensuales durante 21 meses, por la comisión como enlace institucional ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la recepción del subsidio.
Por considerar que no convenía a sus intereses el laudo, el exfuncionario interpuso una demanda de amparo directo ante un Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en el Estado de Jalisco. El amparo y protección de la justicia federal le fue concedido el 22 de junio de 2017, para efecto de que le sea reconocido el pago de la comisión de enlace como parte de sus percepciones económicas. Se condenó al ayuntamiento a dicho pago.
Otros cargos
Como lo informó Animal Político, Adrián “N” es concesionario de transporte público en Jalisco. Desde el 6 octubre de 2016, el presunto contador del CJNG es uno de los más de 50 socios de la empresa Transporte Unido Costa Pacífico, concesionaria de 7 diferentes rutas de transporte público en Puerto Vallarta.
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Además, fue oficial mayor administrativo del Ayuntamiento de Puerto durante la administración del presidente municipal Gustavo González Villaseñor (2004-2006), tiempo en el que fue señalado por trabajadores de nepotismo, al haber dado empleo a su hermana María Maura “N”, con el cargo de “auditor A”.
Durante el periodo que el presunto contador del CJNG se desempeñó como subdirector administrativo de seguridad pública municipal, policías se manifestaron en diversas ocasiones señalando al funcionario de presuntos malos manejos del SUBSEMUN, sin que se comprobaran las acusaciones.
El SUBSEMUN es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para fortalecer las instituciones de seguridad municipales.
Con este subsidio se cubren aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.