Realiza Poder Judicial, jornada de capacitación para alcaldes del Istmo

mayo 27, 2018
Comunicado Poder Judicial
Estado

* Se les orientó en cómo actuar en cada rama del Derecho, ya sea penal, civil, familiar o administrativo e incluso como mediador para conciliar
Oaxaca, Oax.- El Poder Judicial del Estado que preside el Magistrado Raúl Bolaños Cacho realizó en Juchitán la Jornada de Capacitación y Asesoría para Alcaldes Municipales del Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de que los funcionarios municipales conozcan cómo actuar en cada rama del Derecho, ya sea penal, civil, familiar o administrativo e incluso como mediador para conciliar en algunos casos.
Del 23 al 25 de mayo, en Juchitán, la Escuela Judicial realizó la Jornada de Actualización Regional en el Istmo de Tehuantepec, donde se capacitaron y actualizaron a los abogados e impartidores de justicia en diversos temas del derecho, la cual concluyó con la Capacitación y Asesoría para Alcaldes Municipales del Istmo, en el salón del Hotel Calli.
En este caso, la asesoría fue impartida por el Magistrado Crescencio Martínez Geminiano, decano del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, acompañado por el Licenciado Eduardo Enríquez Martínez, Juez Civil de Tehuantepec.
En ella también se abordaron temas relativos a las facultades, obligación y límite de competencia de los alcaldes, explicando a su vez cada una de las diligencias en las que ellos intervienen como son la de apeo y deslinde, transcendentes para reconocer los límites territoriales que permitan a paz entre los pueblos vecinos.
En esta reunión con autoridades municipales asistieron los alcaldes representantes de los distritos de Matías Romero, Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz y San Carlos Yautepec.
De acuerdo con el Manual del Alcalde diseñado por la Escuela Judicial,  los servidores públicos municipales tienen la obligación de auxiliar a los tribunales, jueces del Estado y la federación, en las actividades necesarias o convenientes para que se imparta debida justicia.
Sin embargo, esta circunstancia impone a las autoridades la obligación de coordinarse, unas entre otras, para lograr la eficacia de su respectivo sistema de justicia, principalmente cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas.