Oaxaca de Juárez, Oax. a 06 de febrero de 2026.- Por la mañana de este viernes, al menos 20 personas permanecían retenidas al interior del Palacio Municipal de San Andrés Dinicuiti, Oaxaca, luego de un conflicto derivado de la detención de dos ciudadanos acusados de la venta y compra “ilegal” de animales.
Entre las personas retenidas se encuentra la presidenta municipal de San Andrés Dinicuiti, Yessica Cruz Ortiz, así como trabajadores del Ayuntamiento, quienes no pudieron salir del edificio debido a que un ciudadano colocó un candado en el portón principal del Palacio Municipal.
De acuerdo con la información disponible, la retención ocurrió después de que elementos de la policía municipal detuvieran a dos hombres, identificados con las iniciales C. A. M. y U. A. L., quienes presuntamente realizaban la venta de ganado sin marcas de identificación, situación que fue considerada como una actividad ilegal por las autoridades comunitarias.
Medina Hernández, hermana de uno de los detenidos, aseguró que los animales eran propiedad de su familiar y no eran robados, y afirmó que presentaron documentos de compra–venta sellados por la autoridad de Santa Cruz Ñuma.
Los dos hombres fueron encarcelados desde este jueves y, según la denunciante, a uno de ellos no se le permitió el acceso a alimentos. Asimismo, señaló que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía por presunto abuso de poder, y que incluso se les entregó un documento para solicitar la liberación de su hermano, del ganado y del vehículo; sin embargo, indicó que también fue detenido el comprador de los animales.
Tras estos hechos, un grupo de personas inició la toma del Palacio Municipal y la retención de personal del Ayuntamiento, así como de la presidenta municipal.
De acuerdo con autoridades de San Andrés Dinicuiti, en asamblea comunitaria se determinó que los animales pertenecen a los llamados “mixteños” y son considerados propiedad de la comunidad, por lo que la compra y venta de ganado está prohibida y se considera ilegal.
Derivado de estos acuerdos, tanto el vendedor como el comprador fueron sancionados con un arresto de 36 horas, situación que detonó la toma del Palacio Municipal y la retención de las y los trabajadores del gobierno local.
