Oaxaca de Juárez, Oax. a 22 de octubre de 2026.-La administración del exalcalde Miguel Sánchez Altamirano enfrenta un nuevo foco de atención, luego de que las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentaran 105.3 millones de pesos pendientes de aclaración correspondientes a las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024, con observaciones relacionadas con seguridad pública, arrendamiento de maquinaria, adquisiciones y obra pública.
El monto de mayor relevancia corresponde al ejercicio fiscal 2022, cuando la ASF observó 48 millones 973 mil 502.95 pesos destinados al pago de personal de seguridad pública, debido a que el municipio no presentó la documentación necesaria para acreditar el destino de los recursos. Entre los documentos faltantes se encontraban bases de nómina, plantillas autorizadas y comprobantes fiscales.
No obstante, la auditoría no concluye que los recursos hayan sido desviados ni establece relación con la causa penal por la que fue detenido el exedil. Lo que sí señala es que no fue posible comprobar que los pagos se realizaran al personal correspondiente y conforme a la normatividad aplicable.
Respecto al ejercicio 2023, la ASF revisó siete contratos por 16.19 millones de pesos, de los cuales 14.72 millones fueron objeto de observaciones. Cuatro contratos correspondieron al arrendamiento de maquinaria, por un monto de 11.38 millones de pesos, sin que la documentación presentada acreditara plenamente los trabajos ejecutados ni los lugares donde fue utilizado el equipo.
Además, la auditoría identificó que dos empresas participantes en tres procedimientos de contratación compartían socios o asociados, situación que involucró contratos por 6.92 millones de pesos. Ante ello, la ASF promovió acciones para investigar posibles responsabilidades administrativas por una eventual ventaja indebida en los procesos de contratación.
En la Cuenta Pública 2024, el organismo fiscalizador reportó más de 41.5 millones de pesos pendientes de aclaración, relacionados con contratos para maquinaria, asesoría contable y fiscal, materiales médicos y obra pública, donde también se detectó documentación incompleta sobre pagos, recepción de bienes y prestación de servicios.
Las observaciones plantean interrogantes sobre qué montos fueron solventados posteriormente, quiénes autorizaron los contratos, qué proveedores recibieron los recursos y si se iniciaron procedimientos administrativos derivados de las auditorías.
Si bien los montos observados no constituyen por sí mismos un desvío de recursos, la ASF subraya la necesidad de aclarar las inconsistencias detectadas para determinar si existieron responsabilidades administrativas o afectaciones al patrimonio municipal. Mientras tanto, especialistas consideran que el seguimiento a estas observaciones resulta indispensable para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
