Oaxaca de Juárez, Oax. a 06 de enero de 2026.- Con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos a la alimentación adecuada, a la salud y a la vida de niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó un dictamen para exhortar a las autoridades escolares a cumplir y hacer cumplir la prohibición de la publicidad, distribución y venta de productos con sellos o leyendas de advertencia, emitidas por la Secretaría de Salud, conocidos como refrescos y comida chatarra, al interior de los centros educativos.
La propuesta fue presentada por el diputado César David Mateos Benítez, del Grupo Parlamentario de Morena, quien subrayó la necesidad de que las autoridades educativas acaten de manera estricta la normatividad vigente, la cual prohíbe de forma permanente la presencia de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en planteles de educación básica y media superior.
Durante la exposición de motivos se destacó que, según datos difundidos por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, de 4.6 millones de estudiantes revisados en escuelas del país, el 40 por ciento presenta sobrepeso u obesidad, mientras que el 76 por ciento padece caries, cifras que reflejan la urgencia de fortalecer acciones preventivas desde el entorno escolar.
En el caso de Oaxaca, se señaló que aunque la venta de estos productos fue suspendida en los centros educativos, algunas escuelas reanudaron su comercialización al inicio del actual ciclo escolar, argumentando que la medida era temporal, cuando en realidad se trata de una disposición general y permanente.
El legislador promovente enfatizó la importancia de que Oaxaca se consolide como el primer estado en eliminar al 100 por ciento la comida chatarra de los entornos escolares, en beneficio de la salud y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias.
El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, precisó que estas acciones no son arbitrarias, sino que se sustentan en un marco jurídico sólido, basado en el principio del interés superior de la niñez, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y la Ley General de Educación, la cual establece que directivos y autoridades escolares son responsables directos de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.
El exhorto fue aprobado con 39 votos a favor durante la Sesión Ordinaria del pasado 23 de diciembre de 2025.
