Oaxaca de Juárez, Oax. a 23 de agosto de 2026.- El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido este miércoles durante un operativo realizado por autoridades estatales y federales, en el marco de las investigaciones contra grupos delictivos que operan en el Istmo de Tehuantepec.
La detención se conoció inicialmente a través de una filtración atribuida a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, que difundió la información de manera preliminar entre un grupo reducido de medios de comunicación. Hasta el momento, la institución no ha emitido un comunicado oficial ni ha precisado los delitos que se le imputan al edil.
De acuerdo con la información filtrada, el operativo fue ejecutado por la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo especializado presentado el pasado 21 de septiembre e integrado por 100 elementos, 50 de la Fiscalía estatal y 50 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, enfocados en labores de inteligencia, investigación y combate a delitos como homicidio, extorsión y desarticulación de estructuras criminales.
La detención ocurre tras más de un año de investigaciones y operativos relacionados con la presunta infiltración de grupos delictivos en las instituciones de seguridad pública de Juchitán.
Uno de los antecedentes más relevantes se remonta a junio de 2025, cuando, como parte de la Operación Sable, autoridades estatales y federales intervinieron la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el Centro de Control y Comando (C2), luego de que investigaciones de inteligencia detectaran que integrantes de la Policía Municipal y del sistema de videovigilancia presuntamente favorecían actividades delictivas.
En aquella ocasión, los 218 policías municipales fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control y confianza, mientras que la seguridad del municipio quedó bajo responsabilidad de la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Asimismo, el C2 pasó al control del C4 estatal.
No obstante, esas investigaciones estuvieron dirigidas contra integrantes de la corporación policiaca y no representaron una acusación penal en contra de Miguel Sánchez Altamirano.
Posteriormente, el nombre del alcalde comenzó a ser mencionado en diversas publicaciones y mensajes que buscaban vincularlo con grupos criminales. Uno de esos episodios ocurrió tras el multihomicidio de una familia en la agencia La Venta, registrado el 27 de marzo de 2026.
El 8 de abril, la Fiscalía detuvo a tres personas relacionadas con ese crimen y con una presunta red de extorsión. Después de esas capturas circularon publicaciones en redes sociales que aseguraban que los detenidos habían señalado supuestos vínculos del alcalde y del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, con organizaciones delictivas.
Sin embargo, esos señalamientos no fueron incluidos en el comunicado oficial de la Fiscalía, por lo que nunca formaron parte de una imputación ministerial.
Tanto Miguel Sánchez Altamirano como Emilio Montero Pérez rechazaron públicamente dichas versiones y afirmaron que se trataba de acusaciones falsas, dolosas y con fines políticos.
Otro antecedente relacionado con el edil ocurrió en agosto de 2025, cuando Miguel Alejandro López Pérez presentó una denuncia penal por el delito de amenazas, registrada bajo el expediente 23062/FIST/JUCHITÁN/2025. Hasta la fecha, no se ha informado públicamente sobre una resolución definitiva de ese procedimiento.
Miguel Sánchez Altamirano asumió originalmente la presidencia municipal como suplente de Emilio Montero Pérez, tras la licencia solicitada por este último a finales de 2022, y posteriormente obtuvo la candidatura de Morena para buscar la reelección.
Con su detención inicia ahora una nueva etapa del proceso judicial, en la que corresponderá a la autoridad ministerial informar oficialmente los delitos que se le imputan, la causa penal y la resolución judicial que sustentó la orden de aprehensión.
Hasta que esa información sea dada a conocer por las autoridades competentes, los señalamientos difundidos previamente sobre presuntos vínculos con grupos delictivos no constituyen cargos formalmente imputados en su contra.
