Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de abril de 2026.- Habitantes del municipio de Santa María Apazco, Nochixtlán, se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno en la capital oaxaqueña para expresar su rechazo al reciente fallo de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, señalaron, favorece a Eduardo García Santiago.
Las y los inconformes denunciaron que la resolución ignora sentencias previas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que habían invalidado la elección por múltiples irregularidades, además de señalar que el proceso estuvo marcado por falta de consensos, escasa difusión de la convocatoria y exclusión de gran parte de la población indígena, lo que, afirmaron, atenta contra su autonomía y sistemas normativos internos.
La representación comunitaria, encabezada por el Consejo de Ancianos y una comitiva elegida en asamblea, aseguró que el expediente electoral contiene pruebas de presunto fraude, entre ellas uso de fotografías de procesos anteriores para simular participación actual y manipulación del padrón electoral.
Entre los señalamientos más graves, indicaron la aparición de votos de personas fallecidas o ciudadanos que ya no residen en la localidad, lo que calificaron como un “padrón inflado”, mismo que, afirmaron, fue desestimado por la instancia federal en un periodo de cinco días.
Asimismo, los manifestantes aclararon que el palacio municipal de Apazco permanece cerrado y bajo resguardo de la comunidad, incluyendo los bastones de mando, como una medida de protección de sus bienes y no como una toma violenta, al tiempo que reiteraron que no reconocerán a una autoridad que no emane de la voluntad comunitaria.
Finalmente, la comitiva lamentó que los discursos sobre pluralismo jurídico e interculturalidad no se traduzcan en justicia para los pueblos originarios, y advirtió que la imposición de una autoridad ajena a la comunidad podría generar inestabilidad y violencia, al señalar que durante el proceso se registraron agresiones y actos de intimidación contra pobladores.
Los inconformes exigieron una revisión transparente de las pruebas de geolocalización y cronología presentadas, y reafirmaron que mantendrán su exigencia de respeto a la determinación de su asamblea general, al considerar que sus derechos humanos y territoriales han sido vulnerados durante décadas.
