Presenta Diputada Lizbeth Concha Iniciativa para Incorporar Programas Sociales al Rango Constitucional

Oaxaca de Juárez, Oax. a 17 de febrero de 2025.- La diputada del Grupo Plural, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, presentó ante el Congreso del Estado de Oaxaca una iniciativa para incorporar a rango constitucional los programas sociales implementados por el Gobierno del Estado. El objetivo es institucionalizarlos y contribuir a cerrar las brechas de desigualdad y combatir la pobreza, lo que beneficiaría a la población oaxaqueña.

Durante su intervención en tribuna, Concha Ojeda destacó que para combatir la pobreza es fundamental avanzar en la inclusión social y laboral, atendiendo las desigualdades en el acceso a servicios y derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda, empleo y protección social. En ese sentido, señaló que los programas sociales deben basarse en el principio de subsidiariedad, pero también ser una herramienta para reducir las desigualdades estructurales.

La propuesta busca reconocer la pobreza como un problema estructural y establecer los programas y políticas sociales en los órdenes constitucionales. Además, incorpora el concepto de Estado de Bienestar, garantizando el ejercicio pleno de los derechos contenidos en la Constitución, con un enfoque en los sectores más desprotegidos.

También se propone la noción de Mínimo Vital, asegurando que todos los individuos tengan acceso a lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y desarrollar una vida autónoma y digna. La diputada subrayó la importancia de establecer criterios claros para la implementación de estos programas, que incluyan reglas específicas de operación, requisitos de ingreso, transparencia y evaluación.

Entre los programas sociales que se proponen figuran la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, Becas para la Educación Superior, dotación gratuita de útiles y uniformes escolares, apoyo a personas con discapacidad, prevención de cáncer cervicouterino, y programas de apoyo a jefas de familia desempleadas, entre otros.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales para su revisión y dictamen.