Oaxaca de Juárez, Oax. a 03 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 12 millones 457 mil 68.41 pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), tras detectar irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) durante el ejercicio fiscal 2024, cuando Emilio Montero Pérez se encontraba al frente de la institución.
De acuerdo con el informe individual de la auditoría 1465, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó pagos por 4 millones 464 mil 400 pesos a 106 trabajadores registrados como fallecidos en las bases de datos de la Secretaría de Salud.
Tras las revisiones, el Gobierno estatal justificó 290 mil 902.76 pesos y reintegró a la Tesorería de la Federación un millón 572 mil 499.17 pesos. No obstante, 2 millones 601 mil 36.57 pesos permanecen pendientes de aclaración, por lo que la ASF emitió un pliego de observaciones.
Otro señalamiento corresponde a un contrato por 9 millones 744 mil pesos destinado a elaborar un diagnóstico sobre inclusión y equidad en los distintos niveles de educación básica en Oaxaca. La auditoría detectó que no se entregó documentación necesaria para comprobar los servicios, como bases metodológicas, referencias bibliográficas e instrumentos de evaluación.
Asimismo, se identificaron pagos por 112 mil 31.84 pesos a un trabajador con incompatibilidad geográfica. También se detectó que los registros fiscales de 21 trabajadores no estaban localizados en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se emitió una recomendación para verificar y actualizar la información.
En total, el órgano fiscalizador emitió tres pliegos de observaciones y una recomendación. El informe precisa que los pagos de nómina fueron efectuados por la SEP por cuenta y orden del IEEPO, mientras que el instituto estatal fungió como entidad ejecutora de los recursos.
La ASF indicó que los recursos observados permanecen pendientes de aclaración y que el Gobierno de Oaxaca cuenta con 30 días hábiles para presentar documentación y argumentos que permitan solventar los señalamientos.
Finalmente, el organismo aclaró que las observaciones no representan, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal o individual contra el entonces titular del IEEPO, ya que las acciones fiscalizadoras continúan sujetas a seguimiento.
