Oaxaca de Juárez, Oax. a 06 de agosto de 2026.- El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, afirmó que la administración estatal mantiene una política de cero tolerancia frente a las conductas delictivas y dejó en claro que no habrá diálogo ni negociación con quienes vulneren la ley, independientemente de que pertenezcan o se identifiquen como miembros de un sindicato u organización social.
Durante la conferencia de seguridad, el funcionario señaló que la prioridad del Gobierno del Estado es garantizar la seguridad de la población, el respeto al Estado de derecho y la aplicación de la justicia, por lo que cualquier persona involucrada en hechos ilícitos deberá enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
Romero López subrayó que en Oaxaca no existe interlocución con personas relacionadas con delitos, como robos en la vía pública, asaltos a viviendas u otras conductas que afecten a la ciudadanía, ya que estos hechos deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes.
«Nuestro objetivo es que los delincuentes o quienes cometen un delito estén donde deben estar, sujetos a procesos y que asuman las consecuencias de sus actos», expresó el secretario.
Asimismo, enfatizó que «no hay diálogo ni interlocución con quien violenta a la sociedad», al recordar que la responsabilidad del Gobierno del Estado es coordinarse con las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia para garantizar el cumplimiento de la ley.
En relación con quienes argumentan pertenecer a sindicatos o confederaciones, el titular de la Secretaría de Gobierno aclaró que esa condición no representa un privilegio ni los exime de cumplir con la ley. Añadió que, en caso de ostentarse como integrantes de alguna organización sindical, deberán acreditar que cuentan con el reconocimiento legal correspondiente.
Romero López reiteró que la administración estatal mantendrá una política de cero tolerancia frente a las conductas delictivas y sostuvo que ninguna organización puede utilizar su representación para justificar acciones que afecten a la población o alteren el orden público.
Finalmente, aseguró que el Gobierno de Oaxaca continuará privilegiando el diálogo con organizaciones, sectores sociales y ciudadanos que actúen dentro del marco de la legalidad, mientras que quienes infrinjan la ley deberán enfrentar los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.
